Edgardo Rodríguez/SIPSE
CHETUMAL, Q.Roo.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa),  ya prepara la primera demanda en contra de quien resulte responsable por la afectación de más de 400 hectáreas en el ejido de Rio Verde, municipio de Bacalar. Según las autoridades,  el área dañada estaba muy bien delimitada y por ello se presume que el incendio pudo haber sido provocado para la obtención del cambio de uso de suelo; la sanción podría ser de un veto de 20 años hacia el ejido para la explotación de tierras,  más un pago por el daño forestal, tal y como lo marca la ley de prevención de incendios forestales del estado.

 El incendio denominado “El Cocoyol”, que se presentó a mediados del mes de marzo en las inmediaciones del ejido Río Verde del municipio de Bacalar y que afectó 400 hectáreas de arbolado, será investigado por parte de las autoridades forestales competentes, ya que en un sobrevuelo realizado por representantes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el Instituto Forestal de Quintana Roo (INFOQROO), se pudo constatar que el área en donde se dio el incendio, tenía bien delimitado toda la zona donde se realizaría la quema, pues existían callejones y brechas corta fuegos.

 No obstante, según explicó Rafael León Negrete, gerente de la CONAFOR,  cuando se originó el incendio hubo varios días en los que no se podía controlar la deflagración y el fuego avanzaba con demasiada rapidez, empero, al expandirse y tener ya un gran área afectada, se comenzó a controlar, dado que existían brechas realizadas previamente y guardarrayas.

 Lo anterior, fue confirmado por el sobrevuelo realizado por los representantes de ambas dependencias, en el cual se visualizó el área afectada y, debido a las aparentes evidencias, se determinó que el incendio tuviera prioridad para ser investigado; “los guardarrayas y la rareza del incendio, nos dan indicios de que este incendio pudo ser provocado para obtener el cambio de uso de suelo, por lo tanto ya comenzamos a investigarlo y de igual manera ya le hemos dado parte a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente para que realice las indagatorias correspondientes” según señalo León Negrete.

Debido a ello, ya se comenzó a trabajar en una demanda para el ejido de Río Verde por la afectación de estas 400 hectáreas que fueron hechas a propósito y con el fin de obtener un permiso de explotación.

De ser encontrado culpable el ejido por la quema de estas tierras, podría ser sancionado con 20 años de veda para no poder explotar estas tierras de ninguna manera, de igual manera serían acreedores a un pago de 100 a mil veces el salario mínimo. Por otra parte, si existió daño a la flora y fauna silvestre y que se encuentre en peligro de extinción, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) podría adjudicarles mayores sanciones a  quien o quienes resulten responsables, incluso podrían terminar en la cárcel.