21 de Julio de 2018

Riviera Maya

Preparan sincronía entre normativas cívicas estatal y local

Las modificaciones son en torno a las sanciones a quienes incumplan en lo referente a las manifestaciones.

El Reglamento de Justicia Cívica local se adecuará a la Ley de Ordenamiento Cívico del estado, en cuanto a la regulación de manifestaciones en la vía pública.  (Archivo/SIPSE)
El Reglamento de Justicia Cívica local se adecuará a la Ley de Ordenamiento Cívico del estado, en cuanto a la regulación de manifestaciones en la vía pública. (Archivo/SIPSE)
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Luis Ballesteros/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Luego de que el Congreso del estado de Quintana Roo aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico que regula marchas, manifestaciones y plantones en la entidad, Solidaridad modificará el Reglamento de Justicia Cívica para que queden plasmados ahí los mecanismos para normar las protestas y las sanciones en caso de cometer violaciones a la ley estatal, incluida la posibilidad de ir a prisión.

Hernán Pérez Vega, director de gobierno en la localidad explicó que con la entrada en vigor de la Ley de Ordenamiento Cívico, quienes pretendan manifestarse deberán avisar oportunamente mediante un escrito a las autoridades, el lugar o las vialidades donde se suponga el acto, el tiempo de duración aproximado y el número de personas que participaran en la marcha.

Las adecuaciones locales se tendrán que hacer antes de 90 días naturales contados a partir del 24 de junio cuando entró en vigor la Ley. 

Modificaciones

Luego de las críticas a esa ley por considerarla prohibitiva, el Gobierno del Estado elaboró el Decreto 126 del 24 de junio de 2014 que señala que se reforman los artículos 15 y 19 de la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo. 

En el Artículo 19 se deja en claro el respeto que deben guardar los manifestantes  con respecto al uso de la mitad de los carriles, ello, con el objetivo de que  se puedan desplazar los servicios de emergencia y los terceros ajenos a la manifestación.

El Artículo 18 señala que si durante las manifestaciones, marchas o plantones se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculiza la prestación de un servicio público, la Administración Pública, según su competencia, tomará las medidas necesarias para garantizar el orden, la paz y la prestación de servicios públicos.  Sobre casos de violencia o alteración del orden quedará la posibilidad de abrir averiguaciones previas y sancionar hasta con prisión.  

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