21 de Agosto de 2018

Quintana Roo

Resguardo domiciliario para ex director de VIP Saesa

Juez de control revisó hoy las medidas cautelares para el ex funcionario.

Este viernes, se realizó una Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares, en la cual el imputado Carlos “N” a través de su defensa. (SIPSE)
Este viernes, se realizó una Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares, en la cual el imputado Carlos “N” a través de su defensa. (SIPSE)
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Redacción/SIPSE
QUINTANA ROO.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que la tarde de este viernes, se realizó una Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares, en la cual el imputado Carlos “N” a través de su defensa, solicitó la revisión de estas, impuestas por el Juez de Control.

El Juez de Control de primera instancia del Distrito Judicial de Chetumal, de acuerdo a la petición efectuada por la defensa de Carlos “N”, decretó la modificación de la medida cautelar impuesta de resguardo preventivo, justificado a su modalidad de domiciliario, con base establecido en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales  (CNPP) en que faculta a los jueces de control para ordenar el resguardo en su propio domicilio a personas a las que no se quiere dejar en libertad  mientras se les procesa y que se autorizó tal medida con el fallo de la Suprema Corte de Justicia el día 20 de marzo del presente año.

Carlos “N” es imputado por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, que se sigue en la carpeta administrativa 151/2017, en tanto se lleva a cabo el procedimiento penal en su contra.

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Es importante señalar que el proceso continúa, el embargo de bienes se mantiene independientemente de que presentó testigos, así como documentación que avala su residencia, también dejó a resguardo del juez de control el pasaporte, visa y documentos personales que lo limitan para deambular hacia algún lugar distinto al impuesto como arraigo, la vigilancia será a cargo de Seguridad Pública del Estado.

Los fiscales adscritos a la fiscalía especializada solicitaron independientemente a lo anterior una garantía económica la cual fue concedida por el Juez de Control. Cabe señalar que dicha medida también puede ser revocada en caso de algún incumplimiento del imputado.

Más sobre el caso

Novedades Quintana Roo publicó el 6 de julio pasado, que la imputación de desempeño irregular de la Función Pública para Carlos N, ex director de VIP Saesa, como coacusado, se extendió cerca de ocho horas y, al cabo, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional para la aportación de mayores pruebas a favor de su cliente.

De esa manera, la defensa encabezada por Esaú Alvarado Vázquez contará con 144 horas días (seis días) para presentarse nuevamente con su cliente a una nueva audiencia en la que se definirá la situación jurídica del funcionario del gobierno de Roberto Borge Angulo.

La audiencia que presidió la juez Silvia Verónica Solís inició a las 13:00 horas de ayer, pero a las 13:45 horas se dictó un receso a petición de la defensa, la cual solicitó tiempo para la revisión del expediente integrado por 35 tomos y 21 mil 500 fojas. Fue a las 17:30 horas cuando reinició la última parte de la audiencia, y luego de tres horas la Juez determinó autorizar la ampliación del término constitucional. Mientras se realiza una nueva audiencia, Carlos N permanecerá en el Centro de Reinserción Social de Chetumal (Cereso), aunque se supo que estará en un área administrativa en espera de la determinación del Juzgado Oral Penal.

Carlos N. fue detenido en la ciudad de Chetumal en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el Juez de Control en Materia Penal de la propia capital del Estado. La petición fue de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la carpeta administrativa 151/2017 por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, donde es coacusado.

Según una denuncia interpuesta en su momento por la Secretaría de la Gestión Pública (SGP), el ex director de VIP Saesa (empresa de transporte aéreo) habría autorizado el pago irregular de viáticos a pilotos de aviones que fueron rentados con servicio completo, lo cual habría causado un daño patrimonial al estado por alrededor de 10 millones de pesos. Durante la mañana, Miguel Ángel Pech Cen, titular de la FGE reconoció que el delito por el que se le sigue un procedimiento al señalado no se encuentra dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero a pesar de ello se buscará dicha medida cautelar.

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