Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Juzgado de Control determinó improcedente la solicitud de sobreseimiento planteado por la defensa de Paulina N, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en Quintana Roo, mediante la cual pedía que la declararan inocente.

En una audiencia realizada, ayer al mediodía, la defensa de la ex servidora pública no logró presentar las pruebas que pudieran desvirtuar la acusación de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción.

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Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especial, dijo que al término de un debate entre Fiscales del Ministerio Público y la defensa, no se actualizó ninguna de las hipótesis señaladas en la ley, por lo que prevalece la conducta señalada por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Explicó que las causales de sobreseimiento están consideradas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 327 fracciones III y IV, donde señala que para ser procedentes debe aparecer claramente establecida la inocencia de la imputada, así como que esté exenta de responsabilidad.

La ex titular de la Seduvi está relacionada con la carpeta administrativa 88/2017, por el delito de desempeño irregular de la función pública en agravio de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) ahora Sedetus.

Paulina ‘N’, enfrenta el proceso en libertad, para lo cual únicamente tiene que acudir a firmar cada 15 días. En su momento le fueron embargados bienes con un valor aproximado a los 18 millones de pesos.

Por otra parte, el Juzgado Sexto de Distrito determinó otorgar suspensión definitiva a Ana Alicia R. G., ex directora de Recursos Financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), dentro del juicio de amparo 836/2017, presentado contra la prisión preventiva dictada en su contra por el delito de peculado.

Sin embargo, la ex funcionaria continuará recluida en el Centro de Reinserción Social de Chetumal, toda vez, que la suspensión es para el único efecto de que quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, en lo que se refiere a su libertad personal.

La audiencia constitucional está programada para el 5 de enero de 2018, donde el juzgado federal pudiera resolver sobre si permanece o no en la cárcel.