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CIUDAD DE MÉXICO.- México enfrenta una grave problemática en materia de procuración y administración de justicia, lo que se refleja en los insuficientes resultados que la Fiscalía General de la República (FGR), así como las procuradurías y fiscalías estatales, tienen ante la crisis de impunidad e inseguridad que se vive, alertó el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

Al presentar el Estudio sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 2001-2017 en Materia de Procuración y Administración de Justicia, apuntó que a nivel nacional la probabilidad promedio de esclarecimiento de un delito es de 1.3 por ciento.

Mientras que en Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Tamaulipas presentan porcentajes inferiores a 0.6 por ciento y en Guerrero es de 0.2 por ciento, lo que significa que sólo uno de cada 500 delitos en esa entidad se logra esclarecer.

Expuso que lo sucedido en el caso Iguala no es excepcional o única, ya que día con día, y desde hace muchos años, los mexicanos se enfrentan ante una realidad en que la posibilidad de que los delitos sean efectivamente investigados y los responsables sancionados es mínima.

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De acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración y Administración de Justicia del INEGI, el índice de efectividad en la resolución de carpetas de investigación en 2019 es del 19.4 por ciento.

"Y las entidades federativas donde las procuradurías y fiscalías registran el menor porcentaje de efectividad son Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, todas con cifras menores al 10 por ciento", alertó.

Dijo que esas cifras evidencian que en México aún se carece de un modelo que permita articular los roles, las competencias, el marco de actuación y los objetivos para la operación de cada una de las instituciones involucradas en la procuración y administración de justicia, lo que incide directamente en la eficacia de las policías, ministerios públicos y jueces.

Subrayó que el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 indica que en promedio hay 8.2 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, indicó que las diferencias por entidad son significativas, ya que mientras en Puebla se cuenta con 2.8 ministerios públicos por dicha cantidad de habitantes en Chihuahua hay 25.1.

Advirtió que el presupuesto de las procuradurías y fiscalías también presenta variaciones importantes, pues en la Ciudad de México se destinan 740 pesos por persona, en Chihuahua y Nuevo León más de 600 por habitante, en tanto que Guerrero destina 244, Estado de México 218, Veracruz 175 y Tlaxcala 106.