Octavio Martínez/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.-  La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó dos sellos de suspensión en las oficinas de la inmobiliaria Casas Ara, debido a que no ha acatado 22 llamados de conciliación con sus clientes que se han quejado de irregularidades de los inmuebles que vende. 

Lo anterior la convierte en la empresa desarrolladora de vivienda con más irregularidades en Playa del Carmen, informó Marisol Huitrón Rangel, subdelegada de la Profeco en la localidad; esta suspensión vino directamente del orden federal y forma parte del programa de esta dependencia que lleva por nombre Operativo Nacional de Inmobiliarias. 

“Esto es con el objetivo de dar certeza a los consumidores de este tipo de bienes y en particular con Casas Ara no cumplió al mostrar los contratos de adhesión de los clientes y estas no deben de tener cláusulas abusivas en perjuicios del consumidor (…) no presentaron físicamente el proyecto ejecutivo de las generalidades de las viviendas que venden y no dieron informes del pago de contribuciones del servicio público”, explicó Huitrón Rangel. 

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Asimismo manifestó que esta empresa en 2015 tuvo 12 quejas, de las cuales solo una concilió; pero en 2016 ya lleva 22 quejas y ninguna ha conciliado cuando es requerido por la Profeco para llegar a un acuerdo con sus clientes. 

Se colocaron dos sellos en la puerta de la empresa, sin embargo han sido ocultados por los carteles que ocupan para promocionarse, lo cual se verificó en un recorrido realizado ayer. 

Igualmente se buscó una entrevista con algún representante de desarrolladora para conocer su versión, pero negaron dar información al respecto; al momento de retirarse del sitio se obstruyó la labor de información sin ninguna razón justificada de parte de un empleado de dicha empresa. 

Según testimonios de ciudadanos que han adquirido su vivienda con esta desarrolladora, las casas han salido defectuosas en el primer año de compra sin  validar la garantía. 

La Profeco informó que ya preparan acciones en este caso con multas desde los 400 a los 3 millones de pesos en función del agravio que se haya cometido a los  clientes.