20 de Noviembre de 2018

Quintana Roo

Promueven reformas al Código Penal de Quintana Roo

Consideran necesario ajustar a la nueva realidad social el delito de amenazas, que lleva más de dos décadas sin actualizarse.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia de la XIII Legislatura para su estudio, análisis y dictamen. (Redacción/SIPSE)
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia de la XIII Legislatura para su estudio, análisis y dictamen. (Redacción/SIPSE)
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Redacción/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La diputada Marylin Rodríguez Marrufo, presidenta de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, ha propuesto una reforma al Código Penal para ajustar a la nueva realidad social el delito de amenazas, que lleva más de dos décadas sin actualizarse.

Rodríguez Marrufo, explicó que actualmente el delito de amenazas es muy difícil de sancionar, debido a la generalidad e imprecisión de su redacción. El texto vigente señala que para que las amenazas sean punibles, es necesario que ocurran de manera reiterada, pero el artículo en cuestión no especifica cuántas veces se tiene que presentar una amenaza para que sea considerada como tal.

Asimismo, el Código Penal no establece la naturaleza del vínculo, relación o filiación que el ofendido debe tener con las personas o terceros que son objeto de amenazas.

Rodríguez Marrufo considera se deben superar dichas imprecisiones para que las normas penales describan de manera precisa y clara las conductas que están regulando.

Su propuesta de reformas al artículo 123 del Código Penal, consiste en establecer que una persona incurre en un delito cuando amenace dos o tres veces a otra, con causar daños a otros, en su honor o sus derecho, o con quien el ofendido tenga vínculos; y dejar claro que las amenazas pueden ser dirigidas por cualquier medio.

Se considerará que una persona está ligada por algún vínculo con el ofendido: a los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines; el cónyuge, a concubina, el concubinario, pareja permanente y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo.

La sanciones a quien cometa el delito de amenazas serían las mismas que se encuentran vigentes: cárcel de seis meses a un año, o trabajos en favor de la comunidad hasta por seis meses. 

La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia de la XIII Legislatura para su estudio, análisis y posterior dictamen; informó un boletín del gobierno estatal.

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