Por ser fuente la corrupción, generar una elevada burocracia, ser injusta y afectar a toda la población, la Ley de Movilidad de Quintana Roo será cambiada, señaló el candidato a gobernador del estado por Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech Várguez.

Dijo que la nueva ley deberá tomar en cuenta a todos los actores involucrados en los diversos servicios de transporte que hay en el estado, en donde no solo se consideren a los taxistas tradicionales y a los servicios colectivos que ya operan en las ciudades bajo la regulación vigente, sino que también se incluirán a las mototaxis, los tricitaxis y a los vehículos que operan a través de diversas plataformas digitales, como es el caso de Uber y otras.

De acuerdo con el comunicado, el Dr. Pech explicó que la nueva Ley de Movilidad también considerará alternativas de transporte que resuelvan los problemas de vialidad en las ciudades del estado, para lo cual se estudiarán y se tomarán en cuenta las experiencias exitosas que ya ocurren en otras urbes del país y del mundo.

Tras sostener este día reuniones privadas, el candidato a gobernador del partido naranja señaló que para el caso de los taxistas la nueva normatividad será muy estricta en lo que toca a la entrega de concesiones, a fin de que los beneficiarios sean solo los operadores de las unidades y no como ocurre actualmente, que incluso la candidata a la gubernatura del "Niño verde" posee varias placas de taxi, sin que jamás haya manejado una unidad de alquiler de este tipo.

Señaló el Dr. Pech que las necesidades y condiciones de cada comunidad del estado requieren de un servicio diferente de transporte público y puso como ejemplo el caso de Cozumel, en donde los taxistas se niegan a que se incorpore un servicio de mototaxis, que sería la solución para atender a la población local, sobre todo en los momentos en que los taxistas se vuelcan a dar servicio a los turistas que llegan en los cruceros y abandonan a los usuarios de la isla.

En este mismo sentido, el abanderado de MC a gobernador de Quintana Roo se refirió al caso de las plataformas digitales que ya operan de manera regular en otras ciudades del país y del mundo; a ellas, dijo, se les obligaría a acatar la nueva Ley de Movilidad para que puedan operar sin problemas y a la vez se les impondrían las regulaciones necesarias para que paguen las correspondientes contribuciones locales.