Benjamín Pat/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura, puso en la “congeladora” la iniciativa para abrogar la “Ley Borge”, y en su lugar propuso que periodistas en riesgo paguen su propia protección.

La iniciativa planteada por la legisladora, que afirma derivó de foros de consulta, establece que para los periodistas que sean beneficiados con medidas de protección, será obligatoria una aportación económica.

El pago se propone con la adición de un texto al artículo 52 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo.

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Dicho apartado refiere al patrimonio del Fondo respectivo, cuyo objetivo es brindar las herramientas necesarias y suficientes que permitan cumplir a cabalidad la ley y cuyos recursos serán únicamente para la implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Urgentes de Protección y Medidas Sociales.

El texto actual establece que el patrimonio del Fondo se constituirá, entre otras fuentes de ingreso, por las aportaciones de los periodistas que manifiesten “expresamente su voluntad de participar en el mismo”.

Sin embargo, la iniciativa de Eugenia Solís Salazar establece, con un nuevo texto, que todos los que sean beneficiados estarán obligados a participar de manera económica.

“El patrimonio del fondo se constituirá con: las aportaciones de los periodistas que manifiesten expresamente su voluntad de participar en el mismo y aquellos que sean beneficiados de dichas medidas preventivas”, plantea la fracción primera del citado artículo.

Para Raúl Ojeda González, integrante del Colegio de Profesionales en Derecho, con el texto propuesto se establece, de manera tácita, la obligatoriedad de aportar, lo cual equivale a pagar por las medidas de protección que el Estado está obligado a ofrecer.

“Dónde quedaría entonces la protección de las autoridades”, cuestionó el abogado, quien también participa en organización defensoras de los derechos humanos.

En mayo de este año, Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, envió al Congreso Local una iniciativa para la abrogación de la denominada “Ley Borge”, publicada en el Periódico Oficial del Estado en agosto de 2015.

El 30 de junio de este año, la Diputación Permanente de la XV Legislatura turnó el documento a la Comisión encabezada por Solís Salazar, para su análisis y posterior dictamen, sin embargo, hasta la fecha los integrantes de la Comisión no han sido convocados para desahogar el tema.

En cambio, el pasado 2 de octubre, la legisladora planteó al Pleno una iniciativa que propone únicamente modificaciones en 21 de los 64 artículos con los que cuenta la actual legislación, descartando de esa manera la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo dijo que el objetivo de presentar una iniciativa de abrogación ante el Poder Legislativo fue que se escuchara la voz del sector periodístico.