Claudia Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Prevención, búsqueda y localización son las tres premisas de operación del Protocolo de ALBA, que llega con cuatro años de retraso a Quintana Roo, luego de su instalación nacional en 2012 por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“La declaratoria debió haberse hecho cuando iniciaron las denuncias de feminicidios y extravío de personas, principalmente porque esto es parte de los derechos humanos, por lo que considero que llega un poco retrasada esta declaratoria”, comentó Eduardo Galaviz Ibarra, empresario local.

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Para el entrevistado, cualquier medida para fortalecer la seguridad es importante, aunque una parte es la declaratoria y la otra su funcionalidad en la que la capacitación de reacción de quienes intervengan es relevante.

“Antes de hoy no había escuchado del tema en Quintana Roo, desconozco si sea solo el anuncio o tal vez ya estén listos con los formatos de levantamiento de información y como se harán las entrevistas”, comentó.

Hace una semana, la Fiscalía General del Estado nombró a Guadalupe Reyes Pinzón como la titular de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, quien es ahora responsable de la aplicación de protocolos Alerta Amber y ahora el de ALBA.

“Cualquier medida en pro de fortalecer a la comunidad es importante, el tema aquí es que haya personal capacitado en todas las dependencias de gobierno y conozcan el mecanismo”, indicó Hernán Cordero Galindo, presidente de Ángel Ciudadano.

Aunque esto llega un poco atrasado porque el gobierno ignora o desconoce todo lo que hay para prevenir y combatir la delincuencia y sobre todo la participación ciudadana para eso, definitivamente eso es gran parte del problema, que no saben qué hacer ni como operar, y menos que esfuerzos se han hecho en otros estados, y lo importante es que se dé continuidad y funcione este mecanismo, indicó el activista.

La activación del Protocolo de ALBA inicia cuando hay un reporte de extravío de la persona ante las autoridades correspondientes, quien hace la denuncia proporciona datos y muestras de ADN.

En la segunda fase se da la alerta a dependencias, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, a la par que las autoridades hacen la búsqueda; entre ambas fases debe haber resultados de 12 a 24 horas.

Cuando no se ha encontrado a la persona en ese tiempo, de inmediato inician con la tercera fase en la que las investigaciones son a partir de la presunción de un delito, entre los que se contemplan está el homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro, desaparición forzada de personas y tráfico de menores, así como retención o sustracción de menores de edad.

Las dependencias y organizaciones civiles que intervienen en el Protocolo de ALBA son:

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de la Policía Municipal (SSPM).

La Dirección General de Tránsito (DGTM).

La Policía Estatal Única, Mixta y la Preventiva.

La Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social (DIF).

La Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF).

La Policía Federal Estación Juárez, Coordinación de Seguridad Regional (PF).

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La Procuraduría General de la República, Delegación Estatal en Quintana Roo (PGR).

La Policía Federal Ministerial (PFM).

Las Agregadurías de la Procuraduría General de la República.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y Trata de Personas (Fevimtra).

La Secretaría de Gobernación (Segob).

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

El Instituto Nacional de Migración (INM).

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Los Consulados que en Cancún son más de 30.

El Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).

La Aduana Fronteriza a través de sus Oficiales de Comercio Exterior (OCE).