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Han transcurrido 64 años en que fuera reconocido el derecho del voto de la mujer un 17 de octubre de 1953 y, desde entonces, un referente de la política mexicana debe ser, sin lugar a dudas, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Como ya todos sabemos en el 2018 habrá elecciones nacionales donde se elegirá a presidente de la república y más de 3 mil cargos legislativos, por lo que se supone que deberá de haber una gran participación femenina.

Hoy la paridad de género debe convertirse en un reconocimiento pleno de esos derechos; de la estatura política que como sociedad hemos alcanzado y como un proceso normativo que debe permear en todos los espacios en que se desenvuelve nuestra sociedad. Es preciso señalar que aun en la sociedad latinoamericana se han concentrado los cargos políticos, de poder e instituciones por personas del sexo masculino, dando pocas oportunidades a las mujeres. Es por ello que las mujeres enfrentan diversas barreras desde su intención de participar por cargos de elección popular hasta su elección y protesta del cargo, lo cual es derivado del ejercicio del poder concentrado en el género masculino.

Lo cierto es que en muchas ocasiones se piensa que es suficiente la reforma de una ley o la introducción de una nueva norma para modificar la realidad política, económica o social del estado o nuestro país. La reforma constitucional federal en materia electoral del 2014, introdujo el principio de paridad de género con el propósito de garantizar que las mujeres pudieran tener una amplia participación en la vida política del país tanto en la postulación de cargos de elección popular como para que pudieran acceder a éstos. Sin embargo, muy pocos partidos políticos han trabajado en formar cuadros femeniles para hacer frente al proceso electoral local que se avecina; entre estos partidos que en específico tienen dentro de sus filas a mujeres destacadas podemos mencionar al PAN y al PRI; de ahí en fuera los otros partidos políticos se han dedicado a reciclar de todo un poco sin generar una militancia y estructura propia. 

El camino de la democracia ha sido muy complicado para las mujeres y los grupos indígenas que han tenido que luchar y exigir la reivindicación del derecho a ser ciudadanas y sea reconocida su representación. A los partidos políticos les toca dejar de regatear lo que históricamente le corresponde a las y los desposeídos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, en el proceso electoral del 2018 se elegirán 629 cargos en 13 elecciones federales y 2.697 en 30 elecciones locales; es decir, 3.326 cargos de elección popular en total. Esto incluye presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y locales, presidencias municipales y nueve gubernaturas. Pero ojo: existe también un flagelo que aún no se ha tocado específicamente en Quintana Roo, que es la violencia política de género que en 2016 sumó 143 denuncias en elecciones extraordinarias, ordinarias y únicas en 17 entidades del país, incluyendo la capital mexicana.

Por ello las autoridades electorales y legislativas tienen un desafío enfrente ya que en 2018 el propósito deberá de ser también el combatir la violencia política contra las mujeres, frente a un escenario alarmante de aumento de casos de agresiones a candidatas que buscarán ser electas para ocupar los cargos de elección popular que se disputarán el próximo año, en los cuales los partidos políticos deberán proponer a la mitad de aspirantes mujeres. Hasta ahora, solo 12 estados han tipificado la violencia política. Dos la han incluido en la Constitución estatal (Chiapas y Ciudad de México); nueve en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz); uno en la ley electoral local (Nayarit). Actualmente en la Cámara de Diputados federal se discuten ocho iniciativas, una de ellas enviada por el Senado de la República, para tipificar la violencia política de género antes del proceso electoral 2018.

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