En medio de la confusión en la que ha arrancado la campaña para las elecciones del 2018, hasta ahora solo hay una conclusión clara en la cual hay consenso general: ningún candidato ni partido tiene la capacidad para ganar solo, y quien quiera llegar a la presidencia tendrá que hacer alianzas. Como se sabe, hace algunos días formalmente el proceso electoral. El primero de julio de 2018 se elegirá al presidente, diputados federales, senadores, congresos locales, ayuntamientos y algunas gubernaturas.

Será la primera ocasión que en la boleta podríamos tener un candidato a la presidencia independiente y varios al Senado. En el caso de Quintana Roo será histórico ya que se podrán reelegir alcaldes y diputados locales. El tema de los candidatos independientes para esta elección está tomando distintos matices; unos dicen que solo son estrategias políticas para restar votos a determinado partido político sean rojos, azules o morados. Y es que en la sede del INE entre ex priistas, ex panistas y ex perredistas, este organismo ha recibido más de 20 aspirantes a una candidatura independiente a la Presidencia de la República.

En México la ciudadanía está harta de los partidos. Pero los candidatos independientes no son la respuesta inmediata a un problema que no se asienta en el sistema  electoral, sino en el sistema administrativo y de gobierno. Los ciudadanos, hay que insistir, no están urgidos de figuras encumbradas y ensalzadas por el interés de algunos personajes que, lo admitan o no, forman parte de las élites gobernantes; señores, lo que construye beneficios a largo plazo son instituciones fuertes. Así que vale tres toneladas de pepino si el presidente milita en un partido o es independiente. Será tan eficaz y eficiente como lo sean las instituciones que respaldan sus líneas de gobierno.

Varios analistas políticos coinciden en que las candidaturas independientes tendrán poco peso en las elecciones presidenciales del 2018, aunque podrían tener éxito a nivel local. Quienes aspiren a suceder a Peña Nieto sin apoyo de un instituto político deberán de recolectar, en al menos 17 estados, un mínimo de 866 mil 593 firmas, las cuales representan el 1 por ciento del padrón de electores del país. Si bien los reflectores están y estarán puestos en los candidatos independientes para contender por el máximo cargo de representación que tiene el país, no debemos perder de vista que en ésta oleada de independientes también se presentarán aspirantes en otros niveles u otros cargos; es el caso del diputado independiente de Jalisco Pedro Kumamoto, quien ya se registró como candidato independiente al Senado.

La reforma político-electoral a la Fracción II, del Artículo 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada en el año 2012 y promulgada el 10 de febrero de 2014, abrió la puerta a las candidaturas independientes; anterior a la referida reforma, el derecho de postular candidatos a cargos de elección popular había sido un privilegio exclusivo de los partidos; aun y cuando en la Constitución no se establecía que para ser votado habría que pertenecer a algún partido, la Ley Electoral sí lo exigía, con ese fundamento se violó la Constitución por más de 70 años. Una realidad es que no es sencillo lograr el registro de una candidatura independiente debido a que las leyes electorales son medias complejas en perjuicio del ciudadano que pretende ser candidato. Concibo, pues, que deben existir condiciones materiales para su éxito. Se requiere de recursos humanos para la recolección de las firmas, voluntad política, independencia y un certero diagnóstico del ayuntamiento o distrito local en disputa.

Esperemos que la oleada de independientes que se registren, contiendan y ganen algún cargo de representación permanezca a la altura de las exigencias que tiene el país, y no sólo exploten la imagen que significan ante los electores. La posibilidad de un buen papel de los independientes que sería tener una votación arriba de 10 por ciento se localiza en tres variables: las personales de los aspirantes, el estado de ánimo político de la ciudadanía – sobre todo la de la masa– y la atención no a la presidencia, sino al sector independiente clave que es el Congreso.