Redacción/SIPSE
CANCÚN, Q.Roo.- La Iniciativa Privada (IP) de Quintana Roo empuja en bloque, ante la Secretaría de Turismo federal, la redistribución del Derecho de No Inmigrante (DNI) para que las principales entidades generadoras de este recurso se queden con 50% del monto que captan y lo empleen en su promoción a nivel internacional, mientras que el restante 50% se canalice a la Federación. 

Actualmente, Quintana Roo, Baja California, Jalisco y Distrito Federal son los que mayores recursos generan por este concepto. 

Ésta fue la petición que, de manera unánime, plantearon los sectores hotelero y empresarial del estado a la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, durante su visita a la entidad. El director del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Rodolfo López Negrete, detalló que, actualmente, el DNI se reparte de la siguiente manera: 70% de los recursos se queda en el CPTM; 20% se canaliza al Fondo Nacional de Fomento al Turismo y 10% se va al Instituto Nacional de Migración.

Fernando García Zalvidea, director y fundador de la agencia BestDay y propietario de la cadena Royal, dijo que aunque se trata de una petición añeja del sector hotelero de Quintana Roo, confía en que la recién iniciada administración federal pueda modificar la fórmula con la que hoy se reparten los recursos y dar un mejor manejo a la promoción internacional de los principales destinos turísticos de México. 

“Quintana Roo genera más de 40% de los ingresos nacionales por DNI y no le regresan ni 5% de esos recursos”, aseguró el hotelero. 

Por ello, el CPTM trabaja en proyectos específicos de promoción para que los estados que más aportan gocen de un poco más de recursos en la medida en que los generan a la Federación. 

Sin embargo, hay estados y, sobre todo, destinos que requieren apoyo para poder alcanzar cierto nivel de desarrollo, también en eso trabaja el CPTM para equilibrar la balanza. 

En la reunión que sostuvieron los hoteleros quintanarroenses con la Secretaria de Turismo, también se volvió a plantear la necesidad de modificar la Ley General de Vida Silvestre (LGVS). 

Romárico Arroyo, presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, insistió en la necesidad de eliminar el “espíritu prohibitivo” de 60 TER de la LGVS, que elevó a carácter de especie amenazada los manglares de todo el país.  

A decir del empresario, es posible armonizar el desarrollo con la conservación ambiental, pero la ley cancela toda posibilidad de generar mecanismos que permitan explotar ciertas zonas costeras bajo esquemas de compensación o reforestación de esta especie, por lo que pidieron, en conjunto, promover la modificación de la ley sin menoscabo de la conservación ambiental.