Esmeralda Espinoza/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Alrededor de 20 organizaciones civiles que conforman la Red de Organizaciones de Equidad y Derechos Humanos, rechazaron la reforma educativa y se oponen que el Congreso del Estado la avale. 

 

Rosa María Márquez Pérez, presidenta de la Red, expresó que el movimiento nació al considerar que dicha reforma dará paso a que los padres de familia se hagan responsables en gran medida de las necesidades de los planteles educativos de carácter público. 

 

Comentó que han tratado de comunicar su sentir a los diputados del Congreso del Estado mediante sus cuentas en las redes sociales, pero no han recibido respuesta, por ello decidieron tomar “cartas en el asunto”.

 

“Denunciamos el intento de sepultar la gratuidad de la educación que consagra nuestra Constitución en el laberinto de la mal llamada ‘reforma educativa’ aprobada por diputados y senadores que está ya en la provincia buscando (el aval de) 17 congresos”, fustigó Maximiliano Vega Tato, presidente de Ciudadanet, una de las asociaciones que conforman la red. 

 

Consideró que el texto de las modificaciones a la Constitución aprobado, de entrar en vigor, obligará al Congreso de la Unión mediante el Artículo Quinto Transitorio Fracción III inciso “a”, a prever las adecuaciones al marco jurídico para: “propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”. 

 

La red considera que esta medida obligará a los padres de familia a participar y aportar recursos para la operación de cada escuela, como reparaciones y limpieza de baños, arreglo de jardines, pintura, reparación de bancas, mano de obra para aseo y mantenimiento general, entre otras necesidades. 

 

Los integrantes de la Red consideran que actualmente el apoyo que los padres proporcionan a los planteles educativos se le conoce como “cuotas voluntarias”, y en general, al que no las pague le niegan en ocasiones sus documentos oficiales. 

 

“Mientras que a los ricos les subsidia el fisco con dinero público por 24 mil pesos anuales por cada hijo que sea alumno de escuelas particulares, a los pobres se les obliga cada vez más a hacerse cargo del mantenimiento de la operación de los planteles escolares”, arremetió Vega Tato. 

 

Este miércoles, la Red instalará una mesa de diálogo en la explanada de la Plaza de la Reforma para que los padres de familia conozcan esta medida y se unan a la lista de firmas que entregarán el viernes próximo al Congreso del Estado.