26 de Septiembre de 2018

Quintana Roo

Reducen al 50% la deuda del Ayuntamiento

Alrededor de 25 expedientes se encuentran todavía pendientes de alguna resolución.

En la comuna, en algunos casos de despido injustificado los trabajadores fueron reinstalados. (Consuelo Javier/SIPSE)
En la comuna, en algunos casos de despido injustificado los trabajadores fueron reinstalados. (Consuelo Javier/SIPSE)
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Teresa Pérez/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- De 50 expedientes por demandas laborales y de proveedores contra el Ayuntamiento de Benito Juárez por más de 300 millones de pesos de monto reclamado, hubo una reducción de la deuda 50%.

Al menos 25 expedientes se encuentran todavía pendientes de alguna resolución, con ello la deuda se registra por 120 millones de pesos, comentó Guillermo Andrés Brahms González, síndico municipal.

“En dos años hemos negociado 70 millones de pesos menos por demandas laborales”.

Las sentencias más demandadas son para áreas como Seguridad Pública y Obras Públicas, y áreas administrativas, los trabajadores se quejan del despido injustificado; sin embargo, el síndico menciona que en algunos casos se ha reinstalado al personal porque se ha demostrado el despido injustificado, pero en otros están maliciosamente mal planteados.

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Actualmente, hay 15 expedientes nuevos en proceso, uno de ellos es el de un taller mecánico que pedía una indemnización por 300 mil pesos, otro más una papelera que entregó útiles escolares y pide 14 millones de pesos por indemnización.

Con estas nuevas demandas el proceso será diferente, pues el ayuntamiento pretende llegar a la conciliación desde la etapa de audiencias y no dejar seguir su curso hasta que llegue el laudo.

Además, el área jurídica del Ayuntamiento de Benito Juárez revisa los expedientes, sobre todo los proveedores, pues al menos cuatro, que han detectado, no han podido acreditar sus servicios a la comuna, “realizamos análisis minucioso para detectar a proveedores “fantasmas”, dijo personal del área.

A finales de diciembre del año pasado, el municipio tuvo que realizar un pago mayor a los 18 millones de pesos por una sentencia judicial a favor de una empresa por la falta de pago por obra pública.

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