Entérate: Reforma frena el regreso de Uber

Estaría obligada a operar con concesión, hecho inaceptable porque violenta su modelo.

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Los taxistas de diversos municipios se oponían a la entrada de Uber y de otro tipo de plataformas de transporte. (Paola Chiomante/SIPSE)
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Pedro Olivé/SIPSE
CANCÚN, Quintana Roo.- A partir de la entrada en vigor de la Ley de Movilidad el próximo 12 de septiembre, las plataformas digitales con servicio de transporte público, deberán operar con una concesión, y no con un permiso especial como estaba planteado originalmente en la legislación, lo anterior fue confirmado por un documento al que Novedades Quintana Roo tuvo acceso.

Esta reforma a la ley -que no ha entrado en vigor- fue confirmada el pasado viernes tras una reunión en la que estuvieron presentes representantes y dirigentes del Frente Único de Trabajadores del Volante de Quintana Roo (Futvqroo), la XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, y el director de Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra).

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Las reformas a la Ley de Movilidad en las que se precisan que la prestación del servicio de transporte, a través de plataformas tecnológicas, es de carácter público y por ende requiere de una concesión; entrará en vigor al mismo tiempo en que se cumplan los 90 días a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, fue el mensaje que el Futvqroo anunció.

El 20 de junio pasado, Carlos Olivos, director de Comunicación de Uber México, informó en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo que en caso de ser aprobada esta reforma a la nueva ley, la empresa transnacional no retomaría la operación en el estado, porque violenta el modelo de economía colaborativa que manejan.

Hasta la semana pasada, Uber tenía un registro de alrededor de cinco mil conductores interesados en darse de alta en la plataforma para laborar en Quintana Roo; sin embargo, con este anuncio, todo apunta que no seguirá más.

La ley presentada originalmente sobre la operación de Empresas de Redes de Transporte (ERT), con permiso expedido por el Instituto de Movilidad, dependencia que será creada después de la entrada en vigor de la ley.

Dicho permiso estará sujeto a lineamientos como estudio socioeconómico, carta de antecedentes no penales (que también las organizaciones privadas como Uber piden a sus operadores), así como aspectos técnicos como la estética del vehículo y antigüedad del mismo.

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