Gustavo Villegas/SIPSE
COZUMEL, Q. Roo.- Con la modificación a la Ley de Apertura y Cierre de Casas de Empeño o Préstamo en el estado de Quintana Roo, se busca evitar que estos establecimientos se sigan utilizando para sacar provecho del productos de robos, no solo en el municipio de Cozumel, si no en todo el estado de Quintana Roo.

Así lo dio a conocer el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, luego de anunciar que esta iniciativa fue presentada el pasado 28 de marzo y está próxima a ser votada en el pleno del Congreso estatal. La iniciativa de decreto busca reformar los artículos 6, 27, la fracción II del artículo 32 y la fracción I del artículo 34 de la Ley.

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Hasta el momento, la actual ley no sanciona u obliga a quienes utilizan estas empresas para obtener dinero sin mediar documentación que compruebe fehacientemente que quien lo hace sea el legítimo propietario.

Horas después de que el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XV Legislatura de Quintana Roo diera a conocer que impulsa la iniciativa para regular casas de empeño, elementos de la policía municipal acudieron a la 65 avenida donde los ladrones se llevaron un botín valuado en aproximadamente 500 mil pesos en equipos de telefonía celular que sustrajeron de un establecimiento comercial.

Aparatos como estos terminan dejadas en prenda en las Casas de Empeño de la ciudad que únicamente solicitan a quienes los intercambian por alguna cantidad de dinero, una identificación oficial para hacer la transacción.

Zetina Tejero destacó la importancia de frenar esta situación, por lo que presentó la iniciativa ya que las casas de empeño no están reguladas o supervisadas por la autoridad.

Dijo que cualquier persona puede llevar prendas a empeñar sin que compruebe su legal procedencia con lo que se incentiva el robo a casa habitación, pues para quienes delinquen es fácil llevarla a una casa de empeños sin que le exijan la comprobación de su procedencia, acusó.

El legislador dijo que la tarea de la regulación corresponderá a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), obligando a los empresarios del ramo a que toda la mercancía que reciban cuente con los documentos que avalen la propiedad del pignorante y que éste sea mayor de edad, comprobado igualmente con los documentos correspondientes.

La Sefiplan visitaría bimestral a estas empresas y de no cubrir los requisitos se les sancionaría con fuertes multas económicas, suspensión temporal de sus establecimientos y en caso de reincidencia se daría paso a la suspensión definitiva.