El gobierno de Quintana Roo “tumbó” la primera suspensión obtenida mediante juicio de amparo contra la denominada “Ley Chaleco”, que obliga a motociclistas utilizar chaleco y casco con número de placa impreso.

Un motociclista había ganado una suspensión provisional contra la aplicación del artículo 218 bis de la Ley de Movilidad, denominada “Ley Chaleco”, medida otorgada por el Juez Primero de Distrito el pasado 28 de octubre.

Ante esto, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Quintana Roo impugnó la suspensión mediante un recurso de queja en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito.

Argumentó que el otorgamiento de una suspensión de ese tipo va contra el interés público porque se trata de una norma jurídica que tiene como fin regular y establecer medidas de seguridad de beneficio a la sociedad.

“Al exentar a la parte quejosa de las regulaciones que son materia del reclamo, conlleva la ineficacia y nula aplicación de las medidas que tanto la sociedad, como el Estado, tienen interés en implementar para garantizar la seguridad vial”, argumentó la autoridad estatal impugnadora.

En el resolutivo con número 331/2024, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito le dio la razón a la Consejería Jurídica e indicó que el juez federal no debió otorgar la suspensión porque va contra el interés público, por lo que anuló la medida a favor del motociclista.

“La medida cautelar autorizaría la circulación de vehículos automotores de forma ilimitada, lo que ciertamente causaría perjuicio a la comunidad, la que tiene interés en que el movimiento de vehículos, por la vías o lugares públicos esté debidamente regulado”, respondió el Tribunal Colegiado.

Tras la publicación del resolutivo este lunes, los magistrados del Tribunal Colegiado ordenaron al Juez Primero de Distrito dejar sin efecto la suspensión que había otorgado mediante el juicio de amparo indirecto 722/2024.

Se trata de una de las tantas impugnaciones que ha promovido el gobierno estatal contra suspensiones que ganaron en los últimos meses los motociclistas contra la aplicación de la norma.

Actualmente la denominada “Ley Chaleco” no es aplicada en ningún municipio. El Congreso del Estado dio un plazo de 60 días naturales a los ayuntamientos para adecuar sus reglamentos de Tránsito, tiempo que ya se cumplió.