Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social aún mantiene cerca de 13 mil expedientes identificados como rezago en materia de justicia laboral; de estos, más de dos mil 507 están en proceso de caducidad.

Se trata de expedientes a los que dejaron de darse continuidad por las partes procesales, no obstante, la dependencia informó que solicitarán 33 nuevas plazas para abatir este rezago, que incluye un presupuesto de nueve millones de pesos.

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Así lo dio a conocer Catalina Portillo Navarro, secretaria de la dependencia durante su comparecencia ante diputados de la XV Legislatura, como parte de la ampliación del Segundo Informe de gobierno de Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.

“Sí hay rezago dentro de la junta, lo estamos abatiendo, yo creo que aquí está el informe y los resultados preliminares, porque los resultados finales será al momento de concluir o que la federación así nos lo marca, se extingan las juntas, de acuerdo con el nuevo sistema laboral”, dijo.

Portillo Navarro argumentó que existen muchos expedientes que no se les da el impulso procesal por alguna de las partes, porque alegan que es una obligación de la junta notificar; no obstante, muchas veces, el trabajador o el demandado cambian de domicilio y no actualizan su información, por lo que dichos expedientes se van archivando.

Dijo que ya hay 19 mil 939 expedientes concluidos, ya sea en laudo, en convenio, que en alguna parte del proceso se han llegado arreglo y por lo cual se han recuperado 433 millones de pesos en favor de los trabajadores.

Profesionalización del personal

La funcionaria recordó que el 30 de noviembre de 2012, salió publicada una reforma a la Ley Federal de Trabajo, en su Artículo 9 transitorio.

“El personal jurídico dentro de las juntas de conciliación deben de tener título y cédula profesional y les dio cinco años para obtener su título y su cédula, para profesionalizar a este personal”, apuntó.

Dijo que este lapso concluyó el 30 de noviembre de 2017, por lo que notificaron a todo el personal, incluso a los presidentes y jurídicos; se observó que habían muchas personas que no contaban con título y cédula; sin embargo, este personal no causó baja, sino que fueron removidos a áreas administrativas y no jurídicas.

“No podemos hacer que el personal que no cuente con título y cédula, esté ejerciendo funciones de actuario, de secretario de acuerdos o secretario general, porque no reúnen los requisitos”, agregó.

Dijo que las plazas solicitadas, aprobado dentro de las sesiones extraordinarias del subcomité de empleo, serán para 10 secretarios de acuerdos, 11 secretarios proyectistas y 12 actuarios en la cobertura total del estado.

La funcionaria además fue cuestionada por temas de inclusión social, sobre la generación de más empleos para las personas con discapacidad y sobre las “mafias sindicales”, las cuales aún siguen utilizando a los empleados para ejercer otros fines laborales.