Usted ha dedicado más de 15 años de su vida a trabajar para el servicio público desde el área ambiental. En ese lapso, tomó cursos y se pagó - con recursos propios - estudios de posgrado y múltiples cursos y diplomados en la materia que le dieron un alto grado de especialización. Es usted ya un referente en cuestiones ambientales.

Las pasadas elecciones tuvieron como resultado la llegada de un gobierno de siglas y prácticas distintas al que le dio a usted su primer trabajo – usted no milita en partido político alguno - aquella ocasión en la que recién egresado, vio en la materia ambiental un amplio nicho para el desarrollo de su talento y pasión y que le abrió las puertas a grandes satisfacciones.

Hoy le ha sido solicitada su renuncia. Esos años de especialización y de profundo compromiso ético con la dependencia que le abrió los brazos, se acaban por la decisión biliar de un personaje, un funcionario novel que no conoce ni la O por lo redondo y que sin una pizca del conocimiento necesario hoy es su superior jerárquico o hasta incluso ocupará su lugar.

¿Que sigue? ¿Qué pasos dar? ¿Aprovechar mis conocimientos de especialista en materia ambiental para trabajar desde la iniciativa privada? Parece lo idóneo.

Pero no. El presidente cree que es inmoral.

Los 15 años de especialización se deberán poner en stand by por 10 años. Un tope que el ejecutivo federal decidió imponer porque le parecía suficiente para que nadie actúe de manera inmoral.

Qué importa si al paso del tiempo mis conocimientos en la materia son obsoletos, en 10 años, nada de lo aprendido será útil. Qué importa si el grado de especialización en un área del conocimiento me obligó a desatender otras más y tendré que empezar de cero. Qué importa si lo verdaderamente importante para los nuevos gobernantes, es el que dirán. Qué importa si la ley establecía un plazo para evitar conflictos de intereses y ese rasero se vuelve una interpretación personal de quien considera al trabajo y la superación como corrupción.

Lo verdaderamente grave es que una modificación a la ley, que establezca un plazo de 10 años para que un servidor público se integre a la iniciativa privada en la materia de su encargo, generará una fuga del talento y una burocracia de segunda, tercera y cuarta.

La medida proviene de la contratación de ex presidentes y ex secretarios de estado por parte de transnacionales, pero esa determinación pone contra la pared al servidor público especializado de a pié, que ahora tendrá que soportar reducciones de sueldo y/o despidos y quizá dedicarse, con títulos y posgrados en mano, a manejar un taxi o llevar el sustento a su hogar con cualquier empleo de esquina, que por ningún motivo, pueda relacionarse con los conocimientos adquiridos en el servicio público. Hacerlo, sería inmoral y próximamente ilegal. Al tiempo.