El próximo 2 de junio celebraremos una nueva jornada comicial en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y la correspondiente elección extraordinaria por la Gobierno del estado de Puebla, con motivo de la conocida muerte de la Gobernadora Martha Erika Flores y su esposo Rafael Moreno Valle.

Las condiciones se encuentran dadas para una lucha encarnizada tanto por las gubernaturas en juego, como por los congresos estatales que se disputarán y la causa no es otra más que la disputa frontal entre Morena y el PAN.

Ninguna de las seis entidades en proceso electoral se encuentra a la fecha, en control del partido político en el poder, con la visible excepción de Puebla donde el Congreso local, mayoritariamente de Morena, dirige ya el sentido de la próxima jornada a su causa a través del gobierno interino que impuso y lograr con ello un gobierno estatal afín a sus intereses.

Las restantes cinco entidades se encuentran en poder del PAN. Pretexto y coctel perfecto para que las huestes morenistas hagan uso de todos los recursos su alcance y logren posicionar la agenda que resulte más conveniente a sus intereses.

Hace unos días, el periodista Jorge Ramos evidenció el aumento en las cifras de homicidios dolosos e inseguridad en el territorio nacional a través de datos que, aunque desmintió el presidente Andrés Manuel López Obrador, después fueron confirmados por el Secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño.

Tan sólo en el mes de marzo del presente año, la incidencia delictiva nacional, en cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere un total de 3,236 delitos para Aguascalientes; 8,178 para Baja California; 2,534 para Durango; 7,424 para Puebla; 3,780 para Quintana Roo y 3,560 para Tamaulipas. En todos los casos dichos estados se encuentran por encima de la media nacional en incidencia delictiva.

Del análisis de esa información, en relación con la existencia de una pronta jornada electoral, se desprenden condiciones de importante preocupación para los gobiernos de dichos estados – entre ellos Quintana Roo – pues es muy posible que la espiral de violencia aumente deliberadamente hasta el día de la elección y con ello la percepción negativa de sus acciones de gobierno crezca, en beneficio sus contrincantes electorales.

A lo anterior se suma la condición inmoral e ilegal de que el púlpito presidencial se siga utilizando para el posicionamiento político y electoral del proyecto que encabeza AMLO y que en los hechos debería detenerse en virtud de las campañas políticas en proceso.

Las cifras de la violencia y la inseguridad deben entenderse no solamente desde el ámbito estadístico, sino como un posible vehículo de intereses electorales en manos de quienes han definido, buscan modificar el régimen de gobierno mexicano que, según palabras de Pablo Hiriart, parece llevarnos al autoritarismo.