Notimex
CIUDAD DE MÉXICO.- El líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Miguel Haces Barba, realizó contratos irregulares por cerca de 500 millones de pesos con dos exgobernadores del PRI actualmente presos: Javier Duarte Ochoa y Roberto Borge Angulo, de Veracruz y Quintana Roo, respectivamente.

Ambos exmandatarios signaron contratos públicos millonarios con el líder de la CATEM a través de la empresa Servicios Integrales de Seguridad Limpieza y Mantenimiento S.A. de C.V., que utiliza las siglas “Seglim”.

Documentos en poder de Notimex indican que Haces Barba, suplente del senador Germán Martínez, realizó cuatro contratos con la Secretaría de Salud de Veracruz durante la administración de Duarte Ochoa, por un monto total de 493 millones 721 mil 422 pesos.

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Aunque el objeto del convenio es el mismo: “Contratación del servicio subrogado de limpieza a oficinas centrales, jurisdicciones sanitarias, hospitales y centros de Salud de Veracruz”, los montos de los contratos varían entre 81 millones 781 mil pesos, y 168 millones 173 mil 43 pesos.

Así como ocurre con el gobierno de Duarte Ochoa, la empresa de Haces Barba también tiene contratos con el exgobernador de Quintana Roo y asignaciones directas muy cuestionadas con el gobierno actual de Oaxaca.

Javier Duarte Ochoa fue condenado por un juez federal a nueve años de prisión luego de que se declarara culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa y es señalado por desviar sumas millonarias a través de una red de empresas fantasma.

Roberto Borge Angulo fue detenido el 5 de junio de 2017 cuando se encontraba hospedado en un hotel de Panamá. Su captura fue ordenada el 31 de mayo del mismo año por el juzgado de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema en el Estado de México, con sede en Netzahualcóyotl, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto en el Artículo 400, fracción ll del Código Penal Federal.

En mayo de este año la justicia quintanarroense garantizó ayer que el exmandatario quintanarroense continuará preso, al menos por dos años más, hasta que concluyan las investigaciones por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, tras su vinculación a proceso ese mismo mes.