Sergio Orozco/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.-  Representantes de la embajada del gobierno de los Estados Unidos de América, así como personal de la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), visitaron el jueves las instalaciones de los juzgados orales en esta ciudad y anunciaron la donación de 17 equipos tecnológicos que serán parte de las salas de juicios orales.

Durante el recorrido se informó que la inversión de la donación será de alrededor de 23 millones de pesos, monto que es parte del Plan Mérida, un tratado internacional de seguridad establecido por Estados Unidos en 2008, en acuerdo con México y países de Centroamérica, para el combate contra el narcotráfico.

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Ellery Noah, representante del gobierno de los Estados Unidos, quien también es el coordinador del programa, se mostró satisfecho con el avance que se ha tenido tanto en los inmuebles como en la capacitación de quienes tendrán la obligación de impartir esta nueva forma de hacer justicia en el Estado.

El magistrado Fidel Gabriel Villanueva, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, indicó que Quintana Roo es de las pocas entidades del país que se vio beneficiada con este apoyo gubernamental estadounidense con el cual se instalarán 17 salas de juicios orales que se dividirán de la siguiente manera:

• Ocho juzgados orales en Cancún
• Cuatro juzgados de segunda instancia, también en Cancún
• Tres salas de juzgados orales en Playa del Carmen
• Cuatro más que estarán repartidas en la zona norte del Estado.  

Planeación 

Las autoridades indicaron que Quintana Roo fue tomado cuenta para esta donación debido a que se tiene bien planeado el proyecto y eso motivó que se impulse la instalación y equipamiento de las salas. Los juicios orales iniciarán en el mes de abril del próximo año.

Adolfo Avilés Montiel, representante de Muscogee, empresa contratada por el gobierno de Estados Unidos para hacer las instalaciones de las salas de juicios orales en México, indicó el costo por el equipamiento de cada inmueble ronda el millón y medio de pesos.

“Básicamente esto es un cambio muy importante a nivel nacional, es una instrucción del gobierno de la República que todo el sistema penal tiene que estar en vigencia en junio de 2016, entonces esta donación demuestra el interés del gobierno americano de que en el gobierno mexicano se estén solucionando las cosas y se pueda hacer una impartición de justicia más expedita”, señaló.