¿Qué va a suceder con Víctor Vivas Vivas, que acaba de renunciar como magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo? Con exactitud no lo sabemos, pero lo que sí podemos observar es que su caída es paradigmática de la manera de Carlos Joaquín González de ir tomando poco a poco las riendas de la entidad.

Los gobernadores llegan al poder y en la realidad mexicana, en todos y cada uno de los casos, colocan en la medida en que las circunstancias lo permiten a personajes afines en cargos que incluso están más allá de sus facultades, en órganos “autónomos” y hasta en otros poderes. Pensar que existen excepciones a esta usanza es absolutamente naíf, y sólo se dice en el marco de la tan nuestra simulación política. Pero hay de estilos a estilos: unos hacen buena esta prerrogativa extralegal con ingeniosas maniobras, otros mediante presiones encubiertas y algunos más a punta de pistola.

Cuando Mario Villanueva Madrid llegó al poder en Quintana Roo las amenazas, incluso acompañadas de violencia física, y los encarcelamientos arbitrarios menudearon, aunque la fecha sean en verdad muy pocos los quintanarroenses que critican este silvestre estilo. Hay anécdotas de políticos y actores de la vida pública contrarios al “Ingeniero” que tuvieron que dejar el estado literalmente escondidos en la cajuela de un coche, historias de otros que fueron a dar a la cárcel de manera por lo menos irregular y de periodistas que de plano se autoexiliaron para librar la ira del flamante gobernador.

Joaquín Hendricks Díaz tuvo un modo sin duda más tolerante y respetuoso con los disensos, pero al arrancar su gobierno el sistema seguía siendo una extensión del presidencialismo mexicano clásico, que ponía funcionarios en los cargos de interés especial para Los Pinos y le daba manga ancha a los gobernadores, casi todos priistas, para colocar a su gente bajo su tutela constitucional e incluso más allá de ella. Pacífico, educado y diplomático, incapaz de atropellos extralegales, el tercer chetumaleño en el poder tuvo sin embargo su congreso a modo y hasta “malqueridos” de su propio partido, que se quejaban como por no dejar de las constantes planchas legislativas.

De buenas maneras también, pero Félix González Canto fue un gobernante autoritario, casi obsesionado con el control político. A partir de 2015 la “tenebra” y los negocios chuecos se enseñorearon del estado. El garrote del cozumeleño era de terciopelo, sí, pero muy efectivo, y lo hizo valer de manera implacable incluso sobre un Poder Legislativo de pacotilla, simuladamente “controlado” por un bloque opositor más felixista que el propio mandatario. Gobernó sin oposición y, al no tener un tlatoani a quien rendirle cuentas, no dejó títere con cabeza en cada nicho de poder de la comarca. La dictablanda priista caribeña alcanzó con el carismático joven su máxima expresión.

Roberto Borge Angulo llegó a la silla mayor de Chetumal merced a la imposición hecha por su antecesor, que no permitió el menor atisbo de democracia interna en la postulación del todavía invencible candidato priista. Intolerante e iracundo, quien al rendir protesta fuera el gobernador más joven de México, miembro de la generación que más tarde el presidente Enrique Peña Nieto tomaría como arquetipo del “nuevo PRI” que recuperó la presidencia pero que ahora como el propio quintanarroense está a salto de mata o en la cárcel, el gobernador reverdeció los laureles del autoritarismo de Villanueva, con un accionar y coaccionar cercano en los lindes de la violencia, pero sobre todo hizo de la corrupción desbocada el sello de su gobierno.

Con métodos ilegales se apropió no sólo de todos los espacios del poder público, literalmente, del dinero público y los bienes inmuebles del estado y de particulares víctimas voraces despojos perfectamente orquestados con cómplices en todas las instituciones.

Helada madrina

Bueno: Carlos Joaquín, a ocho meses de haber tomado posesión ya habría tenido tiempo suficiente para mostrar las garras si tras su apariencia amable y apacible se ocultara un feroz autócrata como algunos de sus predecesores, pero esto no ha sido así. Públicos, detallados y razonablemente fundados no hemos sabido hasta ahora de agravios a periodistas, activistas sociales o ciudadanos en general, aunque, eso sí, los despidos del cambio de administración se manejaron como tales, acaso fueron más de los necesarios o los justificados, y las revanchas y malos tratos oficiosos por parte de la nueva jerarquía burocrática no han sido tan raros.

La acusación más bien ha sido por lo contrario: la falta de cumplimiento de las promesas justicieras de la campaña, pero para nada de autoritarismo o violencia. La manera de despejar el panorama de indeseables ha sido sui generis. Nos aventuramos a suponer negociaciones muy profundas pero muy discretas para poder cantar Las Golondrinas a esos connotados borgistas que todavía andan por ahí.

Algunos se resistieron más, otros menos, pero los políticos y funcionarios muy, muy cercanos, amigos y hasta parientes de Borge enquistados en el “gobierno del cambio” poco a poco han ido saliendo o bajando de nivel –según el grado de confrontación o agravio del pasado reciente– y con un estilo menos arrebatado y más político el actual mandatario estatal va tomando el control político del estado, de un modo que a muchos parece despacioso, pero que a ocho meses del relevo no ha dejado un paisaje sembrado de cadáveres tan normal antaño.

Y no es que no hayan faltado ganas de encarcelar a los abusivos, corruptos y pillastres de toda laya –una promesa en tal sentido le significó a Carlos Joaquín buena para de la cosecha de votos que le abrieron las puertas de la residencia de Insurgentes y Heriberto Frías de Chetumal, y su falta de cumplimiento la actual baja en su popularidad–, pero cuando no se ha podido, sean cuales fueren las causas –chicanas y trabas legales o incapacidad de los perseguidores, verbigracia–, el gobernador ha evitado escrupulosamente recurrir a la violencia para deshacerse de los indeseables.

Hay pistas para suponer cómo se está dando la limpieza joaquinista, y estos son solo ejemplos: el primer fiscal general del estado y agente fundamental del famoso “paquete de impunidad”, Arturo Álvarez Escalera, fue ratificado por la más alta autoridad jurisdiccional; renunció ipso facto. El auditor superior Javier Zetina González, también tapadera fundamental de la corrupción borgista, fue ratificado en su puesto; también tomó las de Villadiego. Apenas Víctor Vivas recibió el respaldo del Trife para quitarse de encima a la incisiva XV Legislatura deja la presidencia del Teqroo. Sólo el magistrado del Tribunal Superior de Justicia presuntamente operador de los despojos inmobiliarios de Borge, Carlos Lima Carvajal, se ha acogido sin soltar al cordel de la justicia federal; tal vez en el pecado acabe por llevar la penitencia.

Un gobierno que señala, un congreso que acusa, una salida en paz y sanseacabó. ¿No le parece al lector que, para tener el mapa completo para estos aparentes salvoconductos, en medio falta algo así como una negociación tras bambalinas?

Novedoso estilo.