Redacción/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Enrique Alejandro de la Cruz Pineda, subsecretario del Trabajo y Previsión Social (STyPS),  dijo que casos de despojo a través de juicios laborales orquestados “a modo”  para quitar inmuebles a propietarios registrados en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, dados a conocer por Novedades Quintana Roo el pasado lunes, son problemas entre particulares.

El funcionario, acompañado por Alexis Zavala Ávila y Roberto Javier Ibarra Morales, presidentes de la Junta Especial número 2 de Conciliación y Arbitraje de Cancún, y de Solidaridad, respectivamente, comentó que en este tipo de casos, abogados recurren a un recurso  jurisprudencial para evadir la responsabilidad que impone la dependencia a favor de los trabajadores. 

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Novedades dio a conocer que tanto en Tulum, Solidaridad y Cancún, se han dado casos en los que dueños de predios e inmuebles, con total desconocimiento, al final son notificados de que tienen órdenes de embargo porque supuestos trabajadores los habían demandado.

El caso de una pareja estadounidense en Playa del Carmen bajo el expediente 414-2012 fue un ejemplo de  ello, ya que había una demanda de despido injustificado en contra de las empresas Yomkin Del Mundo S.A. de C.V., Kantunilkín y El Universo S.A. de C.V. y/o Consultores Eficientes Tzecos S.A. de C.V. y/o Doody Thomas Gerardo,  que dan como domicilio el de los afectados, pero dichas empresas no existen,  al menos en la casa de la pareja.

Otro caso es el de Lagoon Loft, proyecto de 62 condominios dentro del club de golf Pok Ta Pok, en el kilómetro 7.5 del bulevar Kukulcán, sobre el cual, el 19 de diciembre de 2014, el actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Freddy Ricardo Quintal Bojórquez, con más de 20 policías armados y cinco patrullas, se presentó para hacer la diligencia de adjudicación y entrega de los bienes embargados a los demandantes, trabajadores que no se presentaron porque fue un expediente armado en la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).

De la Cruz Pineda negó los señalamientos que lo hacen responsable de estar detrás de los juicios laborales, y agregó que en algunos, como el de la pareja estadounidense, él no laboraba en la dependencia.

En estos casos, señaló, “las empresas deberán sostener que el trabajador no es trabajador y estos a su vez lo harán para decir que sí son trabajadores”, explicó el subsecretario.

De la Cruz Pineda  mencionó que “de casi ocho mil juicios anuales que salgan, uno o tres juicios que digan que a lo mejor fueron simulados, no por parte de la autoridad, sino por particulares, es un margen muy pequeño, pero estamos trabajando para evitarlos”. 

Para evitar que los conflictos entre trabajadores y empresarios se hagan mayores, actualmente trabaja con el Consejo Coordinador Empresarial de cada municipio en temas de transparencia, pues con ello, comentó, evitará se vulneren los derechos de ambas partes.
“Somos totalmente autónomos, como Junta emitimos laudos que se pueden apelar y en estos casos los señalamientos son falsos, nosotros somos autoridades autónomas y tomamos la decisión con apego a la ley y somos autoridades que emiten sus resoluciones de buena fe, no somos Dios y no tenemos la verdad absoluta”, dijo Roberto Javier Ibarra Morales, presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Ayuntamiento de Solidaridad.