22 de Octubre de 2018

Chetumal

Inédito: Procuraduría de Justicia y Municipio darán disculpas públicas

Esto para resarcir parte del daño a un boxeador detenido cruelmente y una indígena acusada de trata de personas.

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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo (PGJE) y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco deberán realizar, en sendos eventos protocolarios, una disculpa pública como parte de la reparación del daño a víctimas de violaciones de derechos humanos, según determinó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cdheqroo).

Esta es la primera vez que se establece este medida de apremio a las autoridades públicas que incurren en agravios a las garantías de los ciudadanos, principalmente por la actuación de elementos policiacos.

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Las medidas forman parte de dos recomendaciones emitidas recientemente por la Cdheqroo dirigidas a ambas autoridades.

Disculpa institucional a víctimas

En el primer caso refiere a la violación de los derechos humanos a una indígena de origen náhuatl por parte del Ministerio Público del Fuero Común de la zona norte del estado al no ser asistida por intérprete ni abogado, cuando fue detenida y acusada por el delito de trata de personas en contra de cuatro menores de edad.

“Como medida de compensación, la reparación de los daños causados y el ofrecimiento de una disculpa institucional a la ofendida y a sus familiares, en términos de ley”, menciona uno de los cuatro puntos de la recomendación emitida el pasado 27 de marzo a la PGJ.

En lo que refiere al Ayuntamiento de Othón P. Blanco los hechos tienen que ver con la actuación cruel y degradante de elementos de Policía Municipal Preventiva en la detención de un conocido boxeador en Chetumal, el pasado 1 de enero de este año.

Seis meses para cumplir

Entrevistado sobre estas dos recomendaciones, Harley Sosa Guillén, ombudsman del estado, dijo que las disculpas públicas tienen su antecedente en las disposiciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, Estados Unidos.

Tanto la Procuraduría General de Justicia como el Ayuntamiento de Othón P. Blanco tienen un plazo de seis meses para cumplir con las recomendaciones, las cuáles, ya fueron aceptadas.

En caso contrario, los expedientes serán turnados al Congreso del Estado para que determine lo conducente.

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