Eric Galindo/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- La Subprocuraduría de Justicia de la zona norte inició en el 2013 cerca de 30 expedientes por casos de tortura, en los que se señaló a funcionarios de la dependencia, pero en lo que va del 2014, la cifra llegó a 100 investigaciones aproximadamente.

Por cada caso con detenido que se envía a algún Juzgado Penal, si este alega que fue presionado para declarar, se da vista al Ministerio Público para que inicie una averiguación. El 2 de abril del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó algunos criterios para los jueces del fuero común y de distrito, en el sentido de que a partir de esa fecha estarán obligados a ordenar de forma inmediata una investigación para los casos en los que el inculpado denuncie haber sido atormentado para confesar.

Investigación del delito

El magistrado deberá solicitar a las autoridades ministeriales que comiencen un expediente para obtener evidencias que determinen si existió el delito o no, y en caso de que sí, esta se tomará como una violación al procedimiento. A partir de que la SCJN fijó estos parámetros, se incrementaron las denuncias, según fuentes de la dependencia estatal.

Los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto de lo penal, dan vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre posibles actos de tortura contra los procesados. Incluso también la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) envía desgloses a la PGJE para que se investigue este delito, por casos donde personas detenidas por la Policía Judicial del Estado (PJE) alegan ser amedrentados al momento de que son declarados por el agente del Ministerio Público Federal.