Alejandro García/SIPSE
CANCÚN, Quintana Roo.- En el caso de Uber, en cada estado le tiene que hacer un “traje a la medida”; y con Airbnb no es suficiente el cobro de Impuesto al Hospedaje, señaló María Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística, de la Secretaría de Turismo Federal (Sectur).

Dijo que están trabajando en que se cumpla la ley y encontrar la manera, desde el sector turismo, de negociar con la plataforma de rentas vacacionales para que no afecte a los prestadores de servidores turísticos.

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“Los hoteleros manifiestan que hay competencia desleal por parte de estas plataformas y lo que necesitamos pensar y hacer es un diseño de manera inteligente, que no es fácil,  muchos países lo han intentado con distintos resultados, algunos han sido muy estrictos y otros prohíben la plataforma, pero la plataforma sigue funcionando; lo más inteligente es llegar a un acuerdo con la propia plataforma para que precisamente no se le prohíba y se tenga un mecanismo en el que en todas las zonas alta densidad, en donde hay mucha demanda y en donde hay restricciones para construir hoteles, en donde se pueda restringir la operación de este tipo por el número de días, puede ser el número de unidades, etcétera; pero para ello hay que sentarse a negociar con ellos y cada destino es distinto”

Asimismo habría que trabajar junto con otras dependencias para que la ley se cumpla, en el caso de autoridades municipales. Pero no solamente se trata de regular más una parte, sino también facilitar más a la otra parte, porque los prestadores de servicios turísticos, en muchos municipios sufren un ‘viacrucis’ para que les den un permiso para poder trabajar.

“Si bien el cobro de Impuesto al Hospedaje es algo, es mejor que nada, sí creemos que necesitamos una colaboración más amplia, sobre todo en las áreas con gran demanda y también para proteger a los turistas, por ello también se debería de trabajar con ellos y con los clubes de anfitriones para establecer protocolos de seguridad durante contingencias y para evitar accidentes”.

Uber es otra historia

Mientras que en caso de Uber, por una parte hay agrupaciones o gremios que ven sus intereses amenazados y por otro lado, hay usuarios de transporte que quieren más opciones.

“Ese tema lo han estado definiendo en cada estado, entiendo que por aquí hay un planteamiento de que se haga una consulta… lo que tienes que hacer es un justo medio y es muy difícil a nivel Federal el definir qué se puede y no se puede, porque esa es justamente una atribución local; entonces yo creo que el mejor mecanismo es precisamente consultar a los distintos actores y definir cuál es el mecanismo que proteja los derechos de unos y los derechos de los otros, incluyendo el derecho a un transporte eficiente, limpio y accesible”.

El 26 de diciembre pasado, la plataforma de transporte privado fue desactivada para la operación en Cancún, como una medida de colaboración con el Gobierno del Estado. La fecha que Uber puso como límite para que el Congreso del Estado aprobara la ley vence el próximo 26 de marzo: en caso de no aprobarse la legislación, la empresa podría suspender definitivamente sus operaciones en Quintana Roo, siendo el primero caso en México.