Anuncian regularización de asentamientos irregulares en Q. Roo

Los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad concentran 19 mil hectáreas de estos terrenos.

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Impresiones del Foro Estatal para la Elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Urbano. (Archivo/SIPSE)
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Claudia Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- En los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad existen aproximadamente 19 mil hectáreas de asentamientos urbanos irregulares, predios que exigen servicios y que deben ser regularizados, informó Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El presente año la inversión federal para el programa de regularización fue mayor de los 200 millones de pesos, de los cuales poco más de 20 millones se destinaron a los trabajos en la entidad, para el 2014 se concretará un mayor presupuesto.

En el marco inaugural del Foro Estatal para la Elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Urbano, el funcionario federal señaló que hay mil 889 solicitudes de terrenos nacionales en trámite en la Sedatu para ser propiedad privada, que representan 825 mil 604 hectáreas, que son tres veces el tamaño del municipio de Benito Juárez, o la superficie que conforman los cinco municipios más grandes de Quintana Roo.

En cuanto al tema de regularización de predios en Quintana Roo y sobre todo en la zona norte del estado, Ramírez Marín indicó: “los primeros pasos ya se han dado, se han realizado reuniones bilaterales del gobierno estatal con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) para determinar el tamaño de la regularización que se va a realizar, que es la suma de los tres municipios que conforman las 19 mil hectáreas”.

Para el funcionario, Quintana Roo es un reto porque ha logrado vencer una enorme resistencia en el tema de la vivienda, aunado a que es parte de los cuatro primeros estados que cuentan con una gran reserva para vivienda (Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo y Estado de México), lo que permite el compromiso de construcción de vivienda, con suficiente reserva estatal para garantizar no sólo la residencial sino la de carácter social.

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