14 de Noviembre de 2018

Playa del Carmen

Aprueba Cabildo de Solidaridad entregar C-4 al gobierno

La cesión de esa infraestructura bajo la figura del comodato durará hasta el año 2022.

El Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando será operado por el Gobierno estatal. (Adrián Barreto/SIPSE)
El Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando será operado por el Gobierno estatal. (Adrián Barreto/SIPSE)
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Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Ayuntamiento de Solidaridad aprobó dar en comodato la operación del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4 ) al Gobierno del Estado hasta el año 2022, ayer en sesión extraordinaria.

El argumento para este cambio fue que así Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado tendrán una plataforma tecnológica para la investigación y prevención de delitos.

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“El municipio, según el 115 constitucional, solamente tiene la parte preventiva, no se dedica ni a la investigación ni a la persecución, eso lo hace el estado y a esa facultad que tiene se les brinda esta herramienta tecnológica que proporciona el C-4 sin dejar desprovisto al ayuntamiento de la misma herramienta”, aseguró Cristina Torres Gómez, presidenta municipal.

La aprobación de ceder esa infraestructura bajo la figura del comodato que durará hasta el año 2022 en caso que lo ratifique el Congreso, fue hecha por la mayoría del Cabildo y con el voto en contra de Juan Carlos Beristáin Navarrete, síndico municipal.

El Ayuntamiento realizó este movimiento luego de que el gobernador Carlos Manuel Joaquín González, solicitó la sesión en comodato del C-4 el pasado 4 de septiembre, “en virtud de no mantener esfuerzos aislados y mantener las acciones en pro de la seguridad”, según se leyó ayer en la XXVI sesión de Cabildo extraordinaria.

De acuerdo a la iniciativa, el estado tendrá a su cargo el C-4 y con ello el control de la información generada por medio del 911, 086 y la Plataforma México, y las herramientas que se concentran en el Centro de Inteligencia y Monitoreo Urbano (Cimus) (cámaras y semáforos), e incluso coordina el rol de ambulancias ante emergencias; no obstante todos esos datos los compartirá al municipio.

La operación de toda esa infraestructura seguirá a cargo de los mismos policías que actualmente se encuentran adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, pero serán comisionados al estado donde tendrán que presentar una capacitación y exámenes especiales relacionados con la investigación.

En la sesión, Juan Carlos Beristáin consideró que ceder el C-4 al Gobierno del Estado es ilegal y “afectaría seriamente las capacidades operativas de la Dirección General de Seguridad Pública, pues reduciría la capacidad de respuesta operativa en la atención de las llamadas de emergencia que se susciten”.

Pese a su oposición, el resto de los regidores presentes aprobó el acuerdo, que según Torres Gómez permitirá a la Policía Estatal contar con herramientas tecnológicas que no tiene, “hay un plan Escudo Quintana Roo que dota de cámaras a todo el estado, y esto ya ocurrió en Benito Juárez y otros municipios, y la tecnología de Solidaridad la tendrá el estado para que toda esa plataforma la pueda conectar con el resto del estado”.

Laura Beristáin Navarrete, presidenta municipal electa que a partir del 30 de septiembre entra en funciones, emitió un mensaje en el que se dijo víctima del gobierno municipal y estatal actual y consideró que el acuerdo del Cabildo “vulnera la autonomía municipal prevista en el artículo 115 al pretender que se entregue al Gobierno del Estado, a través del comodato (…) el C-4”. Públicamente se pronunció en contra de la medida por ser ilegal y contraria al funcionamiento de la Dirección General de Seguridad Pública.

Están no entendiendo que tenemos un nuevo gobierno democrático (…) en un estado que se precie de ser respetuoso del marco legal no resulta verosímil que un simple convenio puede tener mayor alcance jurídico que la propia ley”, argumentó.

Un abogado constitucionalista que prefirió omitir su nombre indicó que tanto la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y la Ley de Seguridad Pública del Estado establecen la cesión de bienes y servicios al Gobierno del Estado que por ley corresponden al Ayuntamiento, siempre y cuando éste se declare en la imposibilidad de hacerlo, ya sea por cuestiones administrativamente, económicamente u otra situación.

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