Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL,  Q. Roo.- La Fiscalía Anticorrupción confirmó que al menos siete ex funcionarios de Roberto Borge, que no han sido detenidos, mantienen juicios de amparo que se suman a cerca de 100 recursos legales promovidos desde principios de 2017.

Aunque no reveló los nombres, Rosaura Villanueva Arzápalo, fiscal especializada en combate a la corrupción, detalló que esas personas están relacionadas con carpetas de investigación por diversos delitos, por los cuales se emitieron órdenes de aprehensión.

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Dijo que, específicamente la carpeta administrativa 151/2017 “ha sido un dolor de cabeza” para la institución; en específico, por el parecer del juez Sexto de Distrito que ha concedido amparos al por mayor y con criterios que son distintos a los tribunales colegiados, incluso de otras entidades.

Por ejemplo, en el caso de José “N” (preso), la fiscalía informó que este personaje recurrió a la justicia federal en seis ocasiones; derivado de los juicios de amparos: 405/2018, 590/2018, 214/2017, 164 y su acumulado 165/2018, 243/2018 (en revisión) y 347/2018.

En el caso de Roolselvert “N” (con arraigo domiciliario) su defensa promovió los juicios de amparo: 823/2018 (Juzgado Segundo en la Ciudad de México) que recayó en el juicio 269/2018 (Juzgado de Distrito del Estado de Yucatán); así como los recursos 327/2018, 33/2018, 385/2018, 386/2017 y el 903/2018 (el cual inició el 27 de noviembre de 2018).

En el caso de Víctor “N” (preso), la Fiscalía Anticorrupción confirmó los amparos 515/2018 y su acumulado, así como el Juicio de Amparo 448/2018 y el 666/2017, así como una revisión de amparo con el número 582/2017.

Para Mario “N” (libertad por prescripción), promovió los amparos 1019/2017, 988/2017 y 719/2018 y aún cuenta con una revisión del recurso con número 64/2018.

Por otra parte, Villanueva Arzápalo confirmó que “son aproximadamente 26 ex funcionarios que han sido vinculados a proceso, pero al menos cinco de ellos cuentan con amparos, hasta dobles, por autos de vinculación dictados por jueces de Control”.

También explicó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal contempla medidas cautelares diversas para los imputados, previsto en el Artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Reconoció que al menos cuatro de estos ex funcionarios tienen prisión domiciliaria, pero con horario laboral; es decir, pueden salir de sus viviendas, cumplir con su trabajo y retornar a su casa.

Entre estos, se encuentra Gabriel Mendicuti Loría, ex secretario de Gobierno; Carlos Acosta Gutiérrez, es director de VIP-Saesa; Paula González Cetina, ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y Ana Alicia Rivera Galera, todos ellos gozan de la prerrogativa.