Gustavo Villegas/SIPSE
COZUMEL, Q. Roo.- En medio de irregularidades, según abogados involucrados, se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio por la propiedad de los terrenos colindantes a la zona arqueológica de San Gervasio.

El parador turístico es reclamado por descendientes de quien en su momento donara los terrenos al ayuntamiento y a la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), pero que hoy exigen después de 20 años un pago de 70 millones de pesos y la devolución de los terrenos.

La mañana del 25 de mayo pasado, a las 10 horas estaba planeada la segunda audiencia en la sala de juicios orales del Juzgado Civil en Cozumel sobre el caso 068/2015, pero esta no iniciaba.

También te puede interesar: Reciben más de 62 mil visitas los 13 sitios arqueológicos de Q. Roo

Nadie del personal en el juzgado daba información sobre esta audiencia de carácter público.

Hermetismo en la audiencia pública

Gabriel Abdala Berzunza, uno de los tres abogados que representa a parte de la familia Vivas, la cual reclama los terrenos del parador turístico, entraba y salía de las oficinas haciendo llamadas telefónicas, mientras Elsy Nathalí Arce Díaz, abogada de la FPMC, esperaba pacientemente.

Tras media hora de espera, Yanin Teresita Villanueva Villanueva, secretaria de Acuerdos, asomó a la barandilla para anunciar a los abogados de las partes que esta se difería hasta nueva fecha, misma que será notificada este martes.

La jueza que lleva el caso es María José Santos Tejero; sin embargo, fue la secretaria de Acuerdos quien comunicó que la audiencia había sido diferida bajo el argumento de que no existían las condiciones para llevarla a cabo.

“Usualmente las audiencias son públicas, pero todo se mantuvo en secreto y nadie informó de nada”, puntualizó Arce Díaz.

Cesión de derechos

Hace 20 años el ayuntamiento de Cozumel y la FPMC celebraron un convenio en el cual se acordaba que los terrenos colindantes a las ruinas de San Gervasio se daban en comodato a la fundación.

El propietario de los terrenos era Miguel Vivas Rivero, hoy finado, quien a cambio pidió cuatro placas de taxis y cuatro locales en la zona.

La demanda de la que se supo a finales de marzo de este año fue interpuesta por Miguel Vivas Martín, uno de los descendientes del propietario que falleció intestado, lo que derivó en una sucesión intestada que se asienta en el expediente 149 del año de 1987.

La sucesión está representada por Gabriel Abdala, Gerardo Francisco Medina Cámara y Gerardo Góngora Cervera.