Sin denuncia en contra de la presunta ladrona de bebé en Cancún

Derechos Humanos investigará por qué no se recibió la demanda correspondiente de la madre del menor.

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Dependiendo del resultado, Derechos Humanos emitirá las recomendaciones pertinentes. (Gerardo Amaro/SIPSE)
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Claudia Martín/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo investigará el caso de la mujer que intentó robarse a un recién nacido en la ciudad de Cancún el pasado 30 de junio.

Harley Sosa Guillén, ombudsman en el Estado, explicó que la queja VG/BJ/344/07/2015 se abrió de oficio toda vez que la madre del infante refirió a medios de información locales que los agentes del Ministerio Público no recibieron la denuncia en contra de la mujer que intentó llevarse al bebé.

“Ante esta situación se solicitará un informe a la autoridad, además de la facilitación de los datos de la madre para que narre la versión de los hechos y constatar si efectivamente hubo o no una negación de justicia”, indicó Sosa Guillén.

“Esta situación ocasionó que la imputada esté hoy en libertad y son hechos que no podemos dejar pasar, de tal suerte que la Comisión de los Derechos Humanos investigará en primera instancia por qué no se le recibió  la denuncia correspondiente a la madre del menor”.

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Se emitirán las recomendaciones 

El ombudsman señaló que dependiendo del resultado, se emitirán las recomendaciones pertinentes a la procuraduría y en su caso se solicitará las sanciones para los agentes que omitieron el cumplimiento de su deber, que repercute en la violación a derechos humanos.

La mañana del pasado martes, María Teresita N, de 36 años de edad, fue señalada por Karen N, como la responsable de intentar robarse a su hija de cuatro días de nacida.

Presuntamente la madre interpuso una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por el delito de sustracción de menores en grado de tentativa y robo, asentada con el número de averiguación previa 3724/2015, sin embargo, horas más tarde fue puesta en libertad, tras el pago de una fianza de 960 pesos por alterar el orden público.

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