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Benito Juárez encabeza la lista de más inscritos en el programa. (Stephani Blanco/SIPSE)
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Stephani Blanco/SIPSE
CHETUMAL.-Durante nueve años el Instituto Mexicano para la Competitividad  (IMCO) no pudo obtener información sobre el seguro popular, siendo éste un programa por el que la administración anterior y la de Félix González Canto, pudieron desviar más recursos en el estado.

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En el Presupuesto de Egresos de cada año, desde hace casi una década, no estaba establecido el monto que recibía Quintana Roo para el rubro de salud siendo una tarea pendiente en el tema de la trasparencia de la entidad, mencionó Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas del IMCO.

Fue hasta este año cuando el instituto obtuvo datos sobre el programa del sector salud que ya fue establecido en el presupuesto de egresos además del desglose de los mismos.  

El seguro popular tiene 623 mil 58 afiliados en la entidad, de acuerdo con información de la coordinación del programa, un número que incluso es mayor que los registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que alcanzan 400 mil aunque de estos cerca de 350 mil están activos.

De acuerdo con la dependencia, el número de afiliaciones al programa que ayuda a las personas no ha variado y cada año se mantiene igual.

(Stephani Blanco/SIPSE)

El mayor número de afiliados está en Benito Juárez con 190 mil y le sigue Othón P. Blanco con 125 mil siendo hombres los que destacan.

En febrero pasado Novedades Quintana Roo informó que la Auditoría Superior de la Federación reportó que el gobierno de Quintana Roo no transparentó  recursos por 43 millones de pesos.

Actualmente a través de la página está un link de trasparencia en la que incluso indica el número  y nombre de empleados, los sueldos que reciben, programas de subsidios y estímulos e incluso los gastos que realizan.

“Tuvieron que esperar tanto tiempo para saber cuáles eran los presupuestos que realizaban a través de este programa y en general de salud”, mencionó.

(Stephani Blanco/SIPSE)

Aunque la entidad ya dio un salto a las buenas prácticas, aún falta institucionalizarla y llevar a una ley para que no tengan que depender de un cambio de partido político o de un cambio administrativo sino que ya quede establecido.

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