25 de Septiembre de 2018

Quintana Roo

Registra fuerte rezago nuevo sistema penal (videos)

Se carece de equipo y tecnología, y falta capacitación de las autoridades involucradas.

Las cárceles de Quintana Roo registran sobrepoblación. La mayoría de las personas no han recibido una sentencia. (Redacción)
Las cárceles de Quintana Roo registran sobrepoblación. La mayoría de las personas no han recibido una sentencia. (Redacción)
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Jazmín Ramos/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Las instancias de prevención, combate a la delincuencia y procuración de justicia en Quintana Roo, se encuentran entre las más rezagadas del país con relación a la aplicación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, a pesar de que en los últimos 12 años se invirtieron 22 mil 445 millones 774 mil 710 pesos, recursos liberados por los subsidios del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los estados y las partidas similares de los municipios.

A este techo financiero, se adiciona también un presupuesto asignado por el Congreso de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida de 247 millones de dólares que liberó al gobierno de México para la transición de la reforma constitucional en materia penal, los cuales se distribuyeron de manera gradual en los 32 estados del país.

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Ángel Ramírez Florescano, vicepresidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, refirió que la millonaria inversión a las instancias responsables de operar el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, solo se encuentra en papel, lo que demuestra la opacidad y la discrecionalidad en la aplicación de los recursos, prueba de ello son las condiciones en las que trabajan, debido a la falta de una adecuada infraestructura.

Asimismo dijo, que se carece de equipo y tecnología, falta capacitación de los efectivos policiacos, policías ministeriales, fiscales, peritos, defensoría pública, facilitadores de soluciones alternas al juicio y tribunales de justicia con los jueces; lo que propicia que la entidad ocupe los primeros lugares en impunidad.

(Videos: Jazmín Ramos)

Es ofensivo las condiciones físicas en las que se encuentran las instancias de procuración de justicia, hay graves rezagos incluso en cosas tan esenciales para la investigación como laboratorios periciales, base de datos o incluso un sistema de video cámaras para los juicios orales”.

Explicó que hubo recursos de los tres órdenes de gobierno a fin de ir adaptándose al sistema actual, todo ese recurso está documentado en lo que supuestamente se invirtió, pero la realidad es distinta, pues no hay pruebas reales de lo ejercido.

Nivel bajo en capacitación e infraestructura

Según los informes de gobierno de las administraciones de Félix González Canto y de Roberto Borge Ángulo, periodos que involucran la migración al nuevo sistema penal (cuya reforma inició en el 2008 y concluyó en el 2016), los recursos se aplicaron en capacitación, infraestructura y tecnologías de la información, pero no hay evidencia física de ello.

De hecho, datos de un balance que difundió en medios nacionales la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal (SETEC) en el 2016, refieren que en Quintana Roo se inició con el nuevo sistema sin los niveles óptimos de capacitación e infraestructura.

En la evaluación a los 32 estados se consideraron cuatro áreas: capacitación, infraestructura, tecnologías de la información y reorganización institucional en una escala de 1 al 10; de esos créditos la entidad obtuvo entre 6 a 7 puntos, muy por abajo del nivel óptimo. Solo Yucatán, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila se anotaron un 9.

Los datos de la SETEC reportan que para implementar la reforma se han invertido 21 mil millones de pesos solo del gobierno federal, sin contar los recurso que los estados y los municipios han liberado, además de las aportaciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios, estas últimas aportaciones básicamente van destinadas a la capacitación de los efectivos policiacos, dotación de armamento y equipo para sus actividades cotidianas.

La evaluación de la SETEC incluye también las secretarías de Seguridad Pública y es ahí donde hay el mayor número de rezagos, mientras que la capacitación de los efectivos policiacos es prácticamente nula, al igual que el personal de las defensorías de oficio, incluso en la fiscalía los funcionarios alcanzaron calificaciones de 1.8 a 2.8 en la preparación de los fundamentos del nuevo sistema.

Referente a la infraestructura no se tienen instalaciones adecuadas y aun cuando el año pasado se instalaron las salas de juicios orales estas no cuentan con el equipo necesario y en algunos municipios trabajan en edificios rentados, es más en el caso de Isla Mujeres, el inmueble donde operan se encuentra en obra negra.

Admiten las carencias para aplicar la reforma penal

En relación a los rezagos de las instancias encargadas de operar el nuevo sistema penal, el propio secretario de gobierno, Francisco López Mena, admitió que durante la entrega-recepción se encontraron con carencias de infraestructura, equipo, materiales y falta de capacitación del personal para que realicen adecuadamente su trabajo.

Ante ello, aseguró que han sostenidos varias reuniones con la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública, en donde se detectaron problemas como falta de patrullas, recursos financieros y equipo propiedad del gobierno.

A su vez, el titular de la Fiscalía del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, indicó que hay más de 120 mil expedientes rezagados, el armamento que existe actualmente es viejo, pues data de hace 10 años, por lo que han solicitado una partida presupuestal extra para la adquisición de equipo bélico.

De igual forma se carece de policías ministeriales e incluso algunos estaban asignados como guardaespaldas de empresarios, ex funcionarios y ex gobernadores, pero al momento de ser requeridos renunciaron.

En ese sentido aseguró que están en la etapa de reclutamiento para cubrir las plazas vacantes; previamente los aspirantes tiene que presentar un examen, pero lamentablemente no todos pasan la evaluación, de ahí que no es fácil cubrir el déficit, ya que solo en la zona norte se tienen 65 plazas disponibles.

Millonaria inversión en los últimos 12 años

Tras los cotejos de los informes de gobierno de los periodos 2005-2011 y 2011-2016, se comprobó que hubo una de las mayores inversiones en materia de seguridad pública en cuanto a capacitación de los funcionarios, equipamiento e infraestructura, pero las carencias persisten.

Solo en el primer año de Félix González Canto, en ambos rubros supuestamente se liberó 148 millones cuatrocientos sesenta y dos mil pesos e incluso reportó la compra de 104 patrullas , 2 autobuses y 58 motocicletas, además de la construcción del edificio de Seguridad Pública de Isla Mujeres, la ampliación del sub-centro C-4 y del Instituto de Profesionalización de la Seguridad Pública en Cancún.

En la procuración de justicia aplicó 17 millones 4 mil pesos en equipamiento y tecnología, se fortaleció la infraestructura y renovó la estructura operativa de la ex Procuraduría de Justicia.

Mientras tanto, en los tres primeros años del mandato de Borge Ángulo, hubo inversiones del orden de 24 millones 400 mil pesos para la capacitación de policías y funcionarios de las instancias de prevención, combate y procuración de justicia e incluso en sus cuentas presumió la entrega de uniformes y equipos por la cantidad de 11 millones 501 mil 445 pesos.

Y solo para la implementación del Nuevos Sistema de Justicia Penal, liberó 100 millones de pesos, supuestamente para la capacitación, infraestructura y equipamiento, en esta glosa se incluye la construcción del edifico de los juzgados de control y juicios orales, los cuales según especialistas del ramo se hicieron con material de mala calidad.

Las carpetas de investigación viciadas de origen

Ante ello, el activista y abogado Juan Aldana Salazar, mencionó que la infraestructura de las dependencias encargadas de aplicar las reformas al sistema penal no son optimas y eso impide que se integren correctamente las carpetas de investigación, de modo que esto propicia impunidad.

“Lo que nos parece realmente delicado, es que hubo recursos y un periodo de ocho años para migrar al Nuevo Sistema Penal. En la mayoría de los estados se aplicó el presupuesto y se capacitó a su gente, pero en Quintana Roo, no se sabe realmente que pasó, existe opacidad”.

Relató que debido a las carencias, algunos funcionarios de las instancias encargadas de llevar a cabo la reforma, son quienes pagan con sus propios recursos las maestrías, diplomados y cursos para realizar su trabajo, cuando hubo un millonario presupuesto para ello.

Es mínimo el personal que asume esa actitud, pues la mayoría está adquiriendo el conocimiento con el trabajo diario, basados en prueba y error durante las propias audiencias”

Explicó que para que funcione el sistema penal acusatorio que es muy técnico se requiere al recurso humano capacitado y no hay tal capacitación, no solo del ministerio público, sino también de los policías ministeriales, quienes tiene que hacer el informe policial homologado.

“Los policías ministeriales tienen nuevas funciones con la reforma, deben efectuar entrevistas de las víctimas y testigos, luego trasladarse al lugar de los hechos hacer planimetrías, inspeccionar el área y otras funciones que anteriormente hacía el agente del ministerio público y a pesar de la importancia de su trabajo, fueron los menos capacitados”.

Señaló que si los primeros respondientes, en este caso los policías ministeriales (antes policías judiciales) no tienen el conocimiento para realizar su trabajo, la integración de las carpetas de investigación están viciadas de origen y por ende los casos se caen.

“Por la falta de preparación, lo que sucede es que los policías cuando ven en flagrancia a un delincuente, tratan de no involucrarse, porque tienen que realizar los informes y si lo hacen mal pueden ser sancionados o despendidos”.

Dijo que desde ahí comienza el miedo de los policías ministeriales y a quienes no les queda más que realizar las investigaciones tendrán que comparecer ante el juez, por lo tanto suele suceder que al no poder integrar la carpeta de investigación adecuadamente inventan datos.

“Van armando los casos con elementos falsos, fabricando culpables, situación que beneficia a los jefes porque obtienen altos índices de productividad, quienes a su vez rinden informes a los legisladores y al ejecutivo estatal, sin conocer el origen fallido de las detenciones”.

Aldana Salazar, sostuvo que si la investigación está viciada de origen, solo hay dos caminos, fabricar un culpable o impunidad; en ese punto Quintana Roo con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, no se está preparado.

Cárceles llenas de personas sin ser procesadas

En relación al porcentaje de personas recluidas en las cárceles de Quintana Roo, existen estadísticas de activistas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), donde citan que el 80% de estas son legalmente inocentes en virtud de que no han sido condenadas.

Estas cifras colocan a la entidad arriba de la media nacional que corresponde al 60% de personas que no han recibido una sentencia, violando con ello el precepto de que la justicia debe de ser rápida y expedita.

Un cotejo de la Comisión Nacional de Seguridad, muestras que cuatro de cada 10 reos permanecen en la cárceles del país sin ser juzgados, es más de un total de 257 mil 291 personas encarceladas 119 mil legalmente son inocentes.

Las estadísticas refieren también que los rezagos en materia de justicia afectan más a quienes han cometido delitos del fuero federal, como los relacionados a la salud, economía y el narcotráfico.

Otro problema es la sobre-población de las cárceles, tan es así que de las 387 que hay en el país 217 tienen más reos de los permitidos y entre los estados con mayor problema en los centros penitenciarios se encuentra Quintana Roo por hacinamiento e incluso constantemente se registran amotinamientos.

Chivos expiatorios una constante

En ese sentido, Raúl Fernández León, delegado de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos de Quintana Roo, explicó que las cárceles en el estado no se encuentran certificadas, por lo que son comunes los amotinamientos, asesinatos, sobreexplotación y corrupción en las prisiones.

Dijo que esta situación vulnera los derechos humanos de los reclusos, pues no solo tienen que lidiar procesos largos y tediosos, sino que durante la espera de ser juzgados enfrentan un entorno hostil en las cárceles, las cuales lamentablemente están llenas de inocentes a quienes se les fabricaron delitos.

“Este es el caso de Quintana Roo, me atrevo a decir que la mayoría de las personas recluidas se declararon culpables bajo tortura; las instancias de procuración de justicia son unas fabricas de chivos expiatorios”.

Explicó que en lo últimos cuatro años han documentado casos de extrema violencia durante la detención de los inculpados, donde existe el registro de los actos más crueles e inhumanos: toques eléctricos, asfixia, golpes, quemaduras con colillas de cigarros, amenazar a la víctima de violación o cortes en el cuerpo.

“Por desgracia estos actos son comunes y se recrudecieron en el gobierno del ex mandatario Borge Ángulo, violentando los derechos fundamentales de los ciudadanos plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo quinto, donde dice claramente que nadie puede ser sometido a actos de tortura, maltrato o actos degradantes”.

Mencionó que hay cientos de casos en la entidad sobre todo en Cancún y los más recientes son las detenciones de los supuestos culpables de feminicidios, entre ellos el de Carmen Ramos, un lava-coches acusado de asesinar a la estudiante “Karen Carrasco Castilla”, de quien se comprobó fue torturado.

“A Carmen Ramos se le detuvo luego de la presión que ejerció la ciudadanía para esclarecer el asesinato de la universitaria. Él se encontraba trabajando, de ahí se lo llevaron y lo mantuvieron privado de su libertad por varios días, donde le dieron toques eléctricos en sus partes íntimas, le quebraron la mandíbula y recibió varios golpes en distintas partes del cuerpo ante los abusos se declaró culpable”.

Además los agentes ministeriales sembraron evidencias en el lugar donde fue encontrado en cuerpo de la joven e inventaron una historia inverosímil, que tras la defensa de Carmen Ramos, la fiscalía no pudo sostener, no obstante el acusado aún sigue en la cárcel, sin que el juez dicte sentencia.

“Hay infinidad de irregularidades en este caso, pero las autoridades siguen incriminándolo. Esta es solo una de las tantas historias que hay en las cárceles de Quintana Roo, donde la mayoría de los procesos están empantanados”.

Consideró que lamentablemente las cosas no cambian en la fiscalía, ni con el actual gobierno, ni con el hecho de que se haya instalado el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, pues los jueces siguen siendo los mismos, así como los fiscales y los policías ministeriales

Ejemplo de ello, son los actos de tortura de Héctor Casique Fernández, el cual incluso originó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, recomendara una disculpa pública, la cual se llevó a cabo, pero los 43 efectivos involucrados siguen en activo y la victima fue ejecutado.

Fernández León, sostuvo que aun cuando en el discurso los actuales funcionarios de la fiscalía aseguran que habrá cero tolerancia a la impunidad y serán vigilantes de los derechos humanos, lo cierto es que siguen las mismas prácticas, por lo que Quintana Roo, es una gran fabrica de chivos expiatorios.

Comentó que en los últimos dos año se tienen documentados 60 casos de tortura en Quintana Roo, así como más de 100 detenciones arbitrarias, por lo que no solo se pone en duda la actuación de la policía ministerial, sino la actuación de los efectivos policiacos que se encargan de la prevención y combate al delito.

Denunció que las instancias involucradas en la aplicación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio a pesar de las millonarias inversiones para mejorar la infraestructura, siguen rezagadas y los funcionarios carecen de capacitación, por lo tanto no hay ninguna garantía que mejorará la impartición de justicia con la reforma penal.

Quintana Roo con los más altos niveles de corrupción

Bajo ese contexto, estadísticas de la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, colocan a Quintana Roo en el cuarto lugar a nivel nacional con el mayor número de actos de corrupción con 37 mil 310 actos por cada 100 mil habitantes, es más el 83.8% de la población considera que la corrupción del gobierno estatal es “muy frecuente y frecuente”.

Al respecto Hernán Cordero Galindo, coordinador general de la organización Ángel Ciudadano, mencionó que los nexos de efectivos policiacos con el crimen organizado y la corrupción de los agentes ministeriales, así como jueces posicionan a la entidad entre los primeros lugares de impunidad al grado de tener un rezago de 200 mil carpetas de investigación sin resolver en los últimos 15 años.

“No solo son declaraciones, hay estudios que se hicieron por parte de Ángel Ciudadano, así como datos de la Universidad de Las Américas en Puebla, sobre los delitos que no se resuelven, los cuales son muy alarmantes ya que únicamente el 2% de las quejas tienen alguna resolución”.

Argumentó que el hecho de que Quintana Roo, sea la jurisdicción donde se resuelven menos delitos, tiene su origen en varios factores entre ellos que no hay una autonomía en el Poder Judicial, la corrupción y los nexos con la delincuencia organizada.

A esto, dijo, se le añade que la ciudadanía no denuncia, entonces al carecer de un averiguación no se investiga y no se finca responsabilidad y las carpetas de investigación que se integran no se resuelven satisfactoriamente, situación que abona a la desconfianza que hay en la autoridad y se genera un círculo vicioso que es difícil de romper.

Añadió que cada vez existe menos confianza en el sistema de procuración de justicia y es ahí donde se debe trabajar. Lo primero es exigir a las autoridades que restablezca la credibilidad basados en una profesionalización del recurso humano, combatir la corrupción mediante el monitoreo de jueces y ministerios públicos, realizar los exámenes de confianza a los policías y cuando se detecten actos de corrupción fincar responsabilidad.

“Entonces entre la corrupción y la impunidad están dadas las condiciones para tanta violencia, es realmente una tragedia el rezago que hay en materia de impartición de justicia y aun cuando se migró al Nuevo Sistema Penal Acusatorio, no se tiene infraestructura y el recurso humano no está capacitado, entonces viene todo un proceso de aprendizaje a fin de aplicar correctamente la reforma penal, por lo que pasará por lo menos dos años para comenzar a ver resultados”.

Comentó que por varios años luchó para la instalación de la Mesa de Seguridad y Justicia y por fin se logró, ahora hay que vigilar que funcione adecuadamente, que se convoque a los tres niveles de gobierno en materia de justicia y seguridad, se evalúe el trabajo realizado, se fijen metas, se capacite al personal, se fiscalicen que haya salas adecuadas y se certifiquen las cárceles, para ir cerrándole el paso a la corrupción y evitar que este organismo sea solo una simulación.

Pero mientras eso sucede, la realidad es que la impunidad que pesa sobre el estado transita por las cifras negras, que se refieren a los casos que no se denuncian y en donde los cotejos del INEGI, indican que ahí se concentran el 91% de los delitos cometidos en la entidad.

En es contexto, la presidenta de la Red por la Equidad y los Derechos Humanos de Quintana Roo, María Márquez Pérez, señaló que la impunidad es tal, que no existe un trabajo transversal entre las instancias encargadas de la impartición de justicia; en ocasiones las propias víctimas son las que se dedican a investigar para poder presionar a las autoridades y se resuelvan los casos.

“Es lamentable lo que pasa en el estado por la corrupción y con la falta de capacitación del recurso humano, ahora se evidencian más las fallas, porque desconocen la aplicación del Nuevo Sistema Penal y entonces no hay credibilidad a la hora de que se presenta a los presuntos culpables, pues la mayoría de las veces son torturados”.

Recordó que durante los últimos 12 años se habló de certificar al personal, pero únicamente se trató de “una mera plática”, cuando lo que realmente se requiere es una certificación para tener los conocimientos que permitan la reducción de las fallas en la investigación y se logre restablecer el estado de derecho.

Sin embargo, a pesar de la denuncias de las Organizaciones No Gubernamentales, la cadena de impunidad sigue avanzando, creando las condiciones de inseguridad, corrupción y violencia, pues el hecho de que existan denuncias empantanadas, es una muestra de que en Quintana Roo se puede quebrantar la ley sin ningún castigo y en el peor de los escenarios las autoridades fabrican culpables.

Conceptos

Nuevo Sistema Penal Acusatorio: En el 2008 se cambio el sistema de modelo de justicia en México por lo que se aprobó la reforma constitucional al sistema penal, los estados tuvieron 8 años para prepararse y migrar a ese forma de procurar justicia.

Aplicación: El Nuevo Sistema Penal Acusatorio, cosiste en un cambio en relación a como los jueces toman las decisiones a lo largo del proceso; en anterior, proceso la base eran los expedientes donde se recopilaban pruebas y testigos y con esa información el juez daba sentencia. Ahora al aplicar la reforma el juez no decide sobre un expediente, sino que decide sobre lo que le exponen el acusado y la víctima en un juicio oral, así como el relato del Ministerio Público.

Instancias involucradas en el Nuevo Sistema Penal: Las secretarías de Seguridad Pública con los policías; las procuradurías/fiscalías con las agencias del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales; las defensorías públicas con abogados y facilitadores de soluciones alternas a un juicio; y los tribunales de justicia con los jueces.

Iniciativa Mérida: En el 2008, México y los Estados Unidos firmaron la primera Carta de Acuerdo sobre la Iniciativa Mérida, con el fin de contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera, para ello el Congreso de Estados Unidos aprobó recursos que se destinaron al fortalecimiento de la prevención, combate y procuración de justicia.

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