15 de Diciembre de 2017

Chetumal

Suspende la Corte permiso a Monsanto en Quintana Roo

Durante seis meses no podrá tener actividad, en tanto se consulta a campesinos.

Los agricultores afirman que ganaron algo que no pidieron, pues no buscan una consulta, sino anular el permiso de la empresa.
Los agricultores afirman que ganaron algo que no pidieron, pues no buscan una consulta, sino anular el permiso de la empresa.
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Ángel Castilla / SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efectos jurídicos el permiso para el uso comercial de soya transgénica en Quintana Roo hasta en tanto se realiza la consulta a las comunidades.

Por unanimidad de votos, la Segunda Sala resolvió diversos amparos en revisión y concedió el amparo a la comunidad de La Buena Fé, Nuevo Jerusalén, Buena Esperanza y Paraíso de Bacalar a efecto de que se les consulte, y dejó insubsistente el permiso de Sagarpa entregó a Monsanto.

El permiso MON-04032-6, fue entregado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a la empresa Monsanto, lo que motivó un juicio de amparo por parte de los campesinos para la anulación del permiso.

Los Ministros, ordenaron que tanto la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, lleven a cabo la consulta en un plazo de seis meses.

El abogado de las comunidades de Apicultores de los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco, Raymundo Espinoza Hernández, explicó que la resolución significa que durante los seis meses de la consulta la empresa no podrá realizar actividades de siembra de soya genéticamente modificada a nivel comercial en esas comunidades.

“Ganamos algo que no pedimos, no queremos la consulta, no promovimos la demanda para llevar a cabo un proceso de consulta, fue para anular el permiso que tiene múltiples vicios, ahora vamos a promover otros amparos y evadir el tema de la consulta, con la intención de lograr la anulación del permiso”.

Precisó que al final de la consulta, aunque las comunidades hayan resuelto que no autorizan la siembra comercial, quien tiene la última palabra es la autoridad que emitió el permiso, la consulta no tiene efectos vinculantes, no es la voz del pueblo quien tiene la última palabra, será la autoridad que anteriormente, con múltiples atropellos concedió el permiso, si este subsiste o se cancela.

De acuerdo con el Protocolo para la Implementación de Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas de la CDI, las características básicas para la realización de la misma son objetivos de la consulta, condiciones básicas, carácter procesal y continuado de la consulta y alcance de los resultados.

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