Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El empresario Carlos Mimenza denunció que Mauricio Góngora Escalante está inmiscuido en un conflicto de intereses al promover urbanización en terrenos privados que fueron comprados por sus prestanombres, quienes también aparecen en la ejecución de las obras públicas, algo que ya fue informado al gobierno de Cristina Torres Gómez desde hace dos semanas.

Según el cozumeleño, el ex presidente municipal Góngora Escalante es, a través de prestanombres que conformaron en 2016, Legión Integral de Consultores S.A. de C.V., dueño de 300 hectáreas de lo que se conoce como Rancho Smyrna, justo donde se invirtieron al menos 109 millones de pesos en 2015.

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En la conferencia de prensa que ofreció ayer, mostró documentos de contratos que hizo el Ayuntamiento con tres empresas particulares con recursos provenientes del Fondo de Contingencias Económicas 2015, según el oficio SEFIPLAN/DPP-CEE-0035 con fecha 8 de mayo de 2015.

Una de esas obras se denominó Construcción de Guarniciones y Banquetas de la Avenida de Acceso a la Colonia Cristo Rey por 42 millones 993 mil 752 pesos. Esos trabajos los llevó a cabo Edificación y Señalización del Sureste, empresa representada por Fernando Villanueva Sauri, “un conocido prestanombre”, afirmó.

El socio mayoritario de Edificación y Señalización del Sureste fue hasta 2008 Rafael Manuel Ponce Pacheco –quien fue entre 2012 y 2013 recaudador de Rentas en Solidaridad, cuando Góngora Escalante era secretario de Hacienda-; más tarde pasó a la Tesorería de Benito Juárez.

En la asamblea que la sociedad mercantil hizo en 2008 en la que Ponce Pacheco vendió sus 800 acciones de la empresa,  Fernando Villanueva Sauri y Raymundo Cámara, le otorgaron poder general con actos de dominios ilimitados a una mujer.

“¿Qué hace una mujer ejerciendo una obra de 42 millones?”, cuestionó Carlos Mimenza. 

Del mismo Fondo de Contingencias Económicas se hizo la Construcción de la Avenida de Acceso a la colonia Cristo Rey por 47 millones 761 mil 164 pesos, obra que estuvo a cargo de Playarent del Caribe, representada por el yucateco Javier Aldana Marcín.

El tercer contrato con el mismo fondo fue la Pavimentación de Camino de Terracería al Polígono La Selva, realizada por Construcciones y Urbanizaciones de la Riviera, que se embolsó 18 millones 437 mil 188 pesos; para Mimenza resultó sospechoso que los socios de esa empresa sean Carlos Rolando Martínez Ara de Huixtla, Chiapas, y Pedro Álvarez Gueth, de Las Rosas, Chiapas.

Entre las tres obras suman 109 millones 192 mil 104 pesos.

Cuando Mauricio Góngora Escalante anunció esas obras se dijo que era en beneficio de Cristo Rey, un asentamiento irregular promovido desde antaño por  Marciano Toledo Sánchez, pero si bien la gran avenida de más de 2.5 kilómetros que se hizo acorta en mucho el tiempo para llegar a esa comunidad, las calles de ésta permanecen en terracerías.

También acusó a Rubén Antonio Barahona López, titular de la notaría 13, de hacer todos los movimientos de escrituraciones relacionados con las empresas que participan en esas obras, como aparece en la documentación del Registro Público.

La información que dio a conocer ayer fue entregada al gobierno de Cristina Torres Gómez desde inicios de este año, pero lamentó que no haya generado ningún movimiento administrativo ni legal.

“Estoy harto que el gobierno estatal como el municipal no procedan en tiempo y forma. Que nos doren la píldora diciendo que están haciendo demandas y no pasa nada (…) le doy 72 horas al secretario del Ayuntamiento, Alberto Farfán Bravo para que indique qué va a pasar, de lo contrario recurriremos a las autoridades federales”, dijo Mimenza.