Borge frente a la justicia quintanarroense

La Fiscalía General del Estado se prepara para enfrentar el caso del siglo ante el nuevo sistema de justicia penal.

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Contando las horas para el arribo del repudiado ex gobernador Roberto Borge Angulo desde Panamá a Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado se prepara para enfrentar el caso del siglo ante el nuevo sistema de justicia penal que presenta gran laxitud hacia los delincuentes de cuello blanco y ex funcionarios, a los que da la oportunidad de recuperar la libertad si logran “reparar” el daño de lo que se les acusa.

Por supuesto, hay enorme interés de la Fiscalía y del gobierno estatal al que representa para lograr recuperar parte de lo perdido durante el oscurantismo borgista, pero tampoco se pueden dar el lujo de permitir que un recurso legal permita al ex mandatario salir de la cárcel para llevar su proceso en libertad, mucho menos en un año políticamente agitado por el proceso electoral concurrente. 

El reto será todo del Fiscal Miguel Ángel Pech Cen, quien tendrá que hacer valer los estudios que tanto presume en materia de derecho para mantener recluido a Roberto Borge Angulo el mayor tiempo posible, a pesar de que ex funcionarios ya en libertad como Mauricio Rodríguez Marrufo y Paulina García Achach, evidenciaron las debilidades de la justicia y mostraron el camino a seguir a la defensa de élite de Roberto Borge. 

Porque de todas las detenciones realizadas hasta el momento -que siguen siendo pocas, en comparación al número de denuncias y de acusados-, la de Roberto Borge tiene el mayor peso político, y su permanencia en prisión es uno de los pilares centrales que da legitimidad al discurso y acciones del actual gobierno liderado por Carlos Joaquín González. 

Por esa razón, el gobierno del estado no se puede dar el lujo de permitir que Borge salga de las celdas y mucho menos que vuelva a ser un hombre libre, porque de ello depende en gran medida la imagen de la administración joaquinista. 

Y aunque pareciera que sobran motivos para que Borge permanezca en prisión, demostrarlo jurídicamente es ooootro paquete. Es allí donde la Fiscalía tendrá que afinar bien la estrategia para que el caso no se le caiga. 

De entrada, la justicia quintanarroense acusará al ex gobernador de tres delitos principales: peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder. Ninguno de los tres está catalogado como delito grave, aunque el Código Penal local impone penas de prisión que podrían hacerse válidas. 

Pero además la Fiscalía está guardando varias cartas bajo la manga en caso de que las acusaciones principales se caigan ante los jueces, reservándose el derecho a ampliar los delitos de los que se acusa al ex mandatario para apuntalar el caso y, en caso necesario, alargar el proceso.

La meta es lograr una sentencia de pena corporal que trascienda el actual sexenio, es decir, al menos hasta el 2022, pero en caso de que esto no se posible se procurará que no salga en libertad antes del final de 2019, para permitirle al actual gobierno sortear las elecciones concurrentes de 2018 y las locales de 2019 con cierta solvencia. 

Miguel Ángel Pech se jugará la vida en este caso, sin duda el más importante que pasará por sus manos en su gestión al frente de la Fiscalía. 

Detención de año nuevo 

La ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula González Cetina, fue detenida durante la madrugada de este miércoles y vinculada a proceso para investigar su presunta responsabilidad en el desfalco cometido en esa paraestatal. 

Se detención se suma a la de la ex directora de recursos financieros, Ana Alicia Galera, y con ella se pretende encontrar el caminito que siguieron los más de mil 500 millones de pesos en su desaparición, aunque todo apunta a que estos se fueron a la Sefiplan del intocable Juan Pablo Guillermo Molina. 

Del maxiproceso de la CAPA, el único que ha librado hasta el momento el brazo de la justicia fue su último ex director, Gustavo Guerrero Ortiz, aunque las autoridades le siguen la pista.

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