22 de Septiembre de 2018

Opinión QRoo

ANP Bacalar: entre la politiquería y la razón

El líder Tricolor se subió al ring solo para exhibir su monumental ignorancia.

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Harto ruido y sombrerazos ha provocado la polémica propuesta de crear una extensa Área Natural Protegida en Bacalar, tema de gran importancia que se ha ensuciado por intereses malsanos y la politiquería de algunos grupos que hablan mucho pero saben poco. 

Y es que el asunto, trascendental para el presente y futuro del sur del estado, tiene aristas técnicas que escapan a la comprensión de la mayoría de los que están en pie de guerra, manifestando su rechazo a priori sin tener a la mano todos los argumentos. 

Otros, con el afán de atraer reflectores y ganar simpatías políticas lanzan declaraciones disparatadas, como la que difundió el diputado Raymundo King de la Rosa por medio de un comunicado en la que “recordó” que esta zona (Bacalar) ya se encuentra considerada como Área Natural Protegida en el ámbito estatal.

El líder Tricolor se subió al ring solo para exhibir su monumental ignorancia, porque si bien es cierto que existe un decreto de Área Protegida estatal para la laguna de Bacalar, este aplica solo para una pequeña fracción de cinco hectáreas que actualmente funciona como un parque ecológico administrado por el Ayuntamiento bacalarense. 

Mucho más congruente ha sido la postura firme y propositiva de la regidora capitalina del Partido Verde, Gabriela Santana Duarte, quien es una voz verdaderamente autorizada para hablar sobre este problema, ya que además de ser bióloga de profesión con amplia experiencia en estudios ambientales, fungió como directora de ecología en la pasada administración municipal y conoce al dedillo las dolencias de la laguna. 

Con dominio total del tema, la regidora consideró que decretar una ANP en los términos que se han manejado no es viable ni deseable, aunque al mismo tiempo reconoció que es urgente tomar medidas para la protección del sistema lagunar, de ahí que la idea de declarar un Área Natural Protegida no es del todo mala si se hace de una manera estratégica, que permita el cuidado del cuerpo de agua y fomente el desarrollo sustentable a la par.

Desde su trinchera, Gabriela Santana dijo que impulsará la propuesta de delimitar un polígono del sistema lagunar que incluya las zonas más frágiles para declararlo ANP, toda vez que existe un ordenamiento ecológico local vigente para el manejo de la laguna en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar que establece criterios que regulan los impactos ambientales por las actividades humanas en toda la zona.

Destacó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) no puede emitir un decreto sin antes cumplir dos requisitos indispensables: publicar en el Diario Oficial la apertura de una consulta pública en la que la sociedad civil puede emitir sus opiniones, y recibir la aprobación del Estado y de los municipios, es decir, el asunto forzosamente llegará a manos de los regidores y se tendrán las herramientas para detener cualquier intento de decretar una ANP que pueda afectar el desarrollo económico y social de la región.

En cuanto al punto de acuerdo impulsado por los diputados del Verde que causó la ira de los ejidatarios de Bacalar, aclaró que a fin de cuentas lo que se pide es que se decrete la zona protegida sin afectar los intereses de desarrollo, y que la Conanp empiece a dar los pasos necesarios para que se socialice el tema y que no se pase por alto la participación ciudadana, tal como lo marca la ley. 

Más voces razonables y menos politiquería es lo que se necesita para rescatar nuestra laguna de Bacalar, que es uno de los activos naturales más importantes del sur de Quintana Roo. 

Las cuentas de Carlos Joaquín

Si algo puede presumir el gobernador Carlos Joaquín González como uno de los logros más importantes a un año de su gestión, es el reordenamiento financiero y presupuestal, proceso que se ha hecho fincado en los principios de la transparencia y rendición de cuentas. 

Los resultados están a la vista: el reciente estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que el año pasado colocó a Quintana Roo en el fondo del ránking del Índice de Información Presupuestal Estatal, reconoció a la entidad como una de las que más ha mejorado en la materia, saltando del lugar 32 al 16 en solo 12 meses. Todo un récord.

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