Stephani Blanco/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- En la administración anterior excedieron el número de concesiones de Transporte Terrestre Estatal para operan en Cancún, e incluso los mototaxis que han quitado 40% de usuarios a las concesionarias de transporte público como Turicun.

El tolerar estas prácticas solo está contribuyendo al caos vial, ya que ellos transportan un número menor de personas, aumentan la competencia que encarece el servicio y los mototaxis que han tolerado son de las más contaminantes, explicó Vicente Noya, de Turicun.

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La sobreoferta no mejora la calidad y solo pone en riesgo al usuario y por ello las quejas tan altas que ahora hay en Cancún de que el transporte público no hacen la parada a las personas cuando sólo ven a una o dos, sino que esperan grupos, además de que no esperan el tiempo necesario para que el cliente descienda del autobús y esto es por venir peleando el pasaje con la competencia.

Cancún está colapsada en las vialidades y requiere mejorar el transporte público que será un eje fundamental en la Ley de Movilidad, por ello proponen un sistema integral de movilidad como ya funciona en otros estados como Guanajuato o San Luis Potosí.

No existen semáforos inteligentes que hacen más lento el tráfico y de hacer las mejoras pueden el transporte público ayudar a mejorar la movilidad por la cantidad de autos que ya circulan en las calles.

En Quintana Roo existe un padrón de vehículos de 535 mil 653 y 179 mil 141 motocicletas.

“Las concesionarias deben estar integradas a un plan de movilidad, ya que solo así podrían funcionar y no solo es sobresaturar de transporte para competir en las calles con las diferentes concesionarias, sino de verdad dar el servicio que las personas necesiten y para ello requieren de un trabajo coordinado”, explicó Vicente Noya.

Para Turicun es importante que las modificaciones en la ley que realizan en Quintana Roo si establezcan un marco regulatorio eficaz.

El 88% de los recursos de infraestructura son utilizados para el mantenimiento de vías, 6% para transporte público, 5% en infraestructura peatonal y 1% en infraestructura de ciclovías.