Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Antes de que finalice el año quedará listo el primer Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA) en Quintana Roo, este mes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) establecerá un órgano implementador que concretará el proyecto.

José Antonio León Ruiz, presidente del Poder Judicial del Estado, dijo que Chetumal podría ser la primera ciudad que inicie con los primeros trabajos mediante esta política pública en materia de justicia terapéutica, a través del centro de adicciones de la Secretaría de Salud (Sesa).

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“Obviamente la Secretaría de Salud tiene que reforzar sus centros de tratamientos de adicciones, parece ser que en Chetumal está en óptimas condiciones, de acuerdo a las pláticas que he tenido, por lo que podemos arrancar primeramente aquí”, dijo.

Para el tribunal se necesitó la capitación, hasta ahora, de 60 operadores médicos, ministerios públicos, defensores y jueces del estado.

El trabajo que ha realizado el tribunal en estos últimos ocho meses se enfocó directamente en la etapa de sensibilización y socialización.

“He tenido una plática con la Secretaría de Salud y vamos a establecer el órgano implementador de los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones, dentro de esta política pública de justicia terapéutica”, comentó.

Su implementación estará vinculado con el trabajo que realiza la Unidad de Medidas Cautelares (Umecas), mediante el cual se permite administrar estas medidas para personas bajo proceso penal, favoreciendo las alternativas a la privación de la libertad, así como la supervisión de condiciones de suspensión de procesos.

Por su parte, fue a través de la Secretaría de Salud que se logró consolidar mediante la capacitación del personal de la Comisión Estatal Contra las Adicciones.

Los tribunales permitirán que una persona que cometió un delito no calificado como grave, bajo el influjo de alguna droga legal o ilegal, pueda ser sometida a un tratamiento con las adicciones.

Todo esto, orientado a una reparación del daño a la víctima y obteniendo un equilibrio entre los derechos de un imputado y la economía procesal. La Suspensión Condicional de Proceso a Prueba está contemplado dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales.