Pedro Olive/SIPSE
CANCÚN, Quintana Roo.- Luego del desplegado realizado por organismos de la sociedad civil representados por diferentes cámaras y asociaciones empresariales en el que exhortan al Gobierno del Estado y al diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, a dar celeridad a la legislación que permita operar a las Empresas de Redes de Transporte (ERT), Uber señaló que está de acuerdo con esta postura, recalcando que ellos reactivarán su plataforma en el estado hasta que sea aprobada la iniciativa de ley presentada en noviembre pasado.

El documento mencionado solicita una legislación pronta e incluyente a las ERT, para que puedan operar dentro de un marco normativo que dé certeza jurídica, en el caso de los socios, y una opción más de movilidad para los ciudadanos.

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Con la publicación de los organismos, Uber agradeció el interés de estas cámaras y asociaciones, además de señalar que ellos están listos para reactivar la aplicación, siempre y cuando se respeten sus peticiones.

La misma publicación condena los presuntos abusos de autoridad y actos de violencia que han sido documentados en fotografía y video, en los que las víctimas son conductores, usuarios e incluso particulares, desde hace más de 15 meses (septiembre de 2016) con la llegada de Uber.

El 26 de diciembre pasado, la plataforma de transporte privado fue desactivada para la operación en Cancún, como una medida de colaboración con el Gobierno del Estado. Los representantes de Uber señalaron que la reactivación dependería de la aprobación y publicación de la Ley de Movilidad, considerando las modificaciones que Uber hizo en cuestiones de antigüedad del auto, forma de pago, valor del vehículo y número de conductores permitidos.

La fecha que Uber puso como límite para que el Congreso del Estado aprobara la ley vence el próximo 26 de marzo: en caso de no aprobarse la legislación, la empresa podría suspender definitivamente sus operaciones en Quintana Roo, siendo el primero caso en México.

Las propuestas de modificación que Uber entregó al congreso local, establecen un valor mínimo de 160 mil pesos como precio de cada auto, y no los más de 220 mil que la iniciativa contempla, además de permitir el pago en efectivo y no en tarjeta de débito o crédito como está establecido en la propuesta; también que las unidades en operación puedan ser mayores a cuatro años de antigüedad, y que sean más de dos los operadores permitidos por automóvil.