Jorge Carrillo/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La reforma financiera emprendida por el actual Gobierno Federal proporciona armas a las instituciones bancarias para asegurar el cobro de los créditos, lo que hizo necesario instaurar una alerta social por parte de las asociaciones defensoras de la ciudadanía, informó la dirigente de El Barzón en Quintana Roo, Patricia Palma Olvera, quien recomendó a los ciudadanos que tengan pensado contratar algún crédito, lo hagan con la asesoría y acompañamiento de algún despacho legal acreditado.

Afirmó que las casas o despachos de cobranza contratados principalmente por instituciones bancarias en el país suman alrededor de cinco mil, y que operan principalmente desde el Distrito Federal, continúan haciendo de las suyas y hablan a altas horas de la madrugada para cobrar adeudos, en algunos casos con antigüedad de hasta 15 años, en las llamadas se utilizan palabras obscenas, se llama al deudor ladrón y otro tipo de calificativos y se engaña a las víctimas sobre supuestas demandas mercantiles entabladas en la capital del país.

Ignorar llamadas amenazantes de cobranza

Palma Olvera hizo un llamado a las víctimas de este tipo de casas de cobranza para que no hagan caso a las amenazas, si es posible graben dichas conversiones para que sirvan de prueba en procesos que se inicien contra dichas empresas.

Precisó que para enfrentar este tipo de situaciones, se recomienda que antes de aceptar algún convenio con dichas casas de cobranza es importante guardar la calma y no caer en la desesperación, asesorarse en alguna agrupación civil defensora de deudores como El Barzón, que ya cuenta con presencia en siete países, entre otros, Brasil, Rusia y la India.

No firmar acuerdos bajo presión

Dijo que por muchas presiones de cobranza que se reciban y que generalmente siempre vienen acompañadas de amenazas y violencia moral, no debe cederse, ni precipitarse a firmar acuerdos, de los cuales se desconozca si en verdad, a la larga, van a favorecer o complicar la situación.

Agregó que ninguna persona, que no sea un juez, puede ordenar la ejecución de un embargo, y mucho menos si la amenaza proviene de un escrito que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera contiene firma.

Las cartas enviadas a los deudores, comentó, están encabezadas por frases como: “No más plazos, no más esperas… Acción de cobro por ejecutarse en 48 horas, No tiene ningún caso, usted no quiere liquidar”.

Ocasiona estrés en la familia

La representante de la asociación civil, mencionó que este tipo de situaciones a las que son sometidas los deudores ocasionan un estado de estrés que afecta sus emociones, la relación de pareja y hasta a los hijos, quienes en muchas ocasiones son quienes responden a las llamadas telefónicas y reciben los insultos del personal de dichas casas de cobranza.

Señaló que en caso de que al domicilio del deudor llegue alguna notificación proveniente de un juzgado, lo único que se tiene que hacer es defenderse con un despacho de abogados acreditado, pues en ocasiones es en esta etapa cuando se puede llegar a un convenio ante un juez y buscar que los adeudos se transfieran en pesos y no en Unidades de Inversión (UDIS), pues al finalizar éstos créditos, mayormente hipotecarios, se convierten en impagables.