Daniel Pacheco/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Con el objetivo de anular la posibilidad de que se originen llamadas de extorsión desde la cárcel de Playa del Carmen, el departamento jurídico del ayuntamiento de Solidaridad está analizando un contrato de servicios con una empresa que proporcionaría los sistemas inhibidores de señal telefónica. 

El director municipal de Gobierno, Hernán Pérez Vega, informó que también se están implementando revisiones físicas de manera aleatoria, en las celdas, por parte de los custodios para verificar que los reos no cuenten con celulares o chips ocultos con los que puedan delinquir. 

Esto después de que a nivel nacional la Cámara de Diputados aprobó reformas al Artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de inhibir las extorsiones desde los centros de readaptación social. Como parte de esta medida quedó establecido que las autoridades responsables de la operación de los equipos y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deben entregar un informe semestral sobre su uso, a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

Sin evidencia de extorsiones

El funcionario afirmó que aunque no se tiene registro oficial que compruebe que se han dado casos de extorsión telefónica desde el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, reconoció que durante los operativos de revisión efectuados a lo largo de este año se detectaron alrededor de 25 aparatos de telefonía celular clandestinos entre las pertenencias de los reos.