Victoria González/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Después de dos años de haber sido detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún por posesión de droga, y ser juzgado con una condena de 10 años, Jesús N conserva la esperanza de reducir su castigo, ahora que hay un cambio de juez en el Juzgado Unitario, ya que alega no ser responsable de los cargos que se le imputan.

El preso, de 48 años, originario de Guadalajara, Jalisco, el cual se encuentra en la cárcel de la ciudad, dijo que su expediente 119/2012 fue llevado por el Juzgado Cuarto Federal, en manos del juez Miguel N, por lo que ahora, quien ocupa su lugar es la magistrada María N. A través de sus abogados ha hecho llegar una solicitud de revisión de su caso a la funcionaria para que retome su sentencia.

No fue el único  

Alegó que su asunto fue por presunto narcotráfico y quiere que de nuevo se abra el expediente para hacer más investigaciones, ya que según el acusado no fue el único detenido en esas fechas, con el mismo vuelo 355 y de la misma línea aérea “Copa Air Line”.

La detención ocurrió el 17 de diciembre de 2012, regresaba de un viaje proveniente de Santiagode Chile, donde según el recluso, promovió e intercambio los productos y servicios de su Estado.

No ha visto a su familia

Comentó que a la fecha, después de su sentencia no ha podido ver a sus dos hijas y esposa, por la falta de recursos económicos, ya que era el proveedor de su hogar.

De acuerdo con Novedades Quintana Roo, el día de los hechos fueron aprehendidos cinco personas por posesión de cocaína, la cual transportaban en sus equipajes; habían pasado por los filtros de seguridad, hasta que un perro del Ejercito Mexicano detectó la droga.

En ese momento, la información que tuvieron las autoridades militares, federales y aduanales era que los cárteles mexicanos estaban utilizando a jaliscienses, en su mayoría, para transportar droga.

Recurrirá a Derechos Humanos

Jesús N, enviará una carta a la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdheqroo) para que realice una recomendación a instituciones gubernamentales, por supuestas violaciones a sus derechos humanos, como recluirlo en una oficina incomunicado por más de 10 horas, maltrato, acoso y presión psicológica para rendir declaración.