Reparan integralmente daños a víctimas en Quintana Roo
Las autoridades confirmaron que son dos dictámenes por casi tres millones de pesos.
Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Comisión de Atención a Víctimas de Quintana Roo pagó el primer millón y medio de pesos por concepto de reparación del daño, a una mujer y un hombre, que fueron víctimas de tortura, considerado como violaciones a los derechos humanos.
Karla Patricia Rivero González, Comisionada Ejecutiva de la instancia, confirmó que son dos dictámenes por aproximadamente tres millones de pesos; sin embargo, solo se logró transferir la mitad del monto en este año, por lo que en 2019 se transferirá el resto.
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Una de las víctimas directas por violación a sus derechos humanos, derivó de una detención arbitraria que realizaron autoridades de Seguridad Pública, recibió un trato cruel y degradante, así como a sus hijos (víctimas indirectas).
Ambas víctimas, originarias del sur del Estado, recibieron montos distintos, por gastos erogados para su tratamiento y el de sus familias; es decir, varió por el número de víctimas indirectas y el daño material que sufrieron a lo largo de poco más de dos años.
“Una de las víctimas (mujer) recibió aproximadamente 600 mil pesos y la segunda (hombre) aproximadamente 800 mil pesos; es importante señalar que es la primera vez que el Estado está reparando integralmente a las víctimas, anteriormente se les atendía y se reparaba con otras medidas”.
La aprobación se logró mediante el Consejo Directivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante el cual se lograron establecer las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, de acuerdo con la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.
Esta comisión está integrada por representantes de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y Planeación, Oficialía Mayor, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de la Contraloría.
La legislación establece que la compensación se otorgará por todos los prejuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de los delitos considerados como graves, va de acuerdo a la gravedad del hecho punible. Actualmente son 100 víctimas que están recibiendo apoyo legal y psicológico por violaciones a sus derechos humanos.