Quintana Roo tendrá que seguir considerando recursos tanto humanos como presupuestales para mantener en operación del antiguo sistema de justicia laboral, al menos por otro año, porque actualmente existen todavía 20 mil expedientes en rezago.

Catalina Portillo Navarro, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), en Quintana Roo, explicó que las juntas locales y especiales siguen atendiendo los casos que se quedaron, y de los 46 mil expedientes, apenas se ha desahogado la mitad.

En su mayoría se trata de asuntos individuales de los trabajadores, y que son casos que se deben resolver ya que no pueden trasladarse a los nuevos centros de conciliación.

“Será en diciembre de 2023 cuando estas juntas dejen de existir, ya que estamos dentro de los 21 estados que están en la implementación de los sistemas, y así cumplir con la nueva reforma laboral”, agregó.

Mientras se sigue trabajando en los casos, en el reciente abierto Centro de Conciliación, que tiene siete meses de funcionamiento, han logrado pactar cuatro mil 374 conciliaciones, que tienen la finalidad de resolver la problemática entre la parte trabajadora y patronal.

Son un total de 110 millones de pesos que se han acordado a favor de los trabajadores. A la par que avanza este nuevo sistema, continúan los trabajos en las cinco sedes anteriores para así resolver lo que se tenía pendiente.

Afirmó que los rezagos datan desde el año 2016. Para hacer más ágil el proceso, incluso, se implementó trabajo en línea, porque muchos de esos expedientes no se atendieron en las administraciones anteriores.

Ayer, Quintana Roo firmó un convenio con Chihuahua en materia de capacitación para la correcta transición al nuevo modelo de justicia laboral en ambas entidades.

De acuerdo con el último informe del Subcomité Sectorial de Empleo y Justicia Laboral, para la procuración de justicia en ese ámbito se programó en 2021 un presupuesto de 12 millones 716 mil 469 pesos, aunque al final se gastó menos.