Javier Ortiz/SIPSE
BACALAR, Q. Roo.- Las medidas de vigilancia para evitar que los recursos financieros y humanos del erario municipal se desvíen hacia las campañas políticas en curso, serán más estrictas, aunque esta disposición, junto con las restricciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la promoción y difusión de obras públicas, ha generado confusión en los servidores públicos de la comuna, quienes prefieren evitar emitir alguna declaración con el argumento del pleno respeto a la veda electoral establecida por las autoridades.

Juan Borges Chim, contralor del Ayuntamiento de Bacalar, aseguró que estrecharán las medidas de vigilancia para asegurar que se cumpla esta disposición, por lo que las unidades oficiales se están concentrando en el Palacio, a fin de evitar su uso indebido. Aclaró que sólo podrán circular fuera de horario de oficina, los vehículos que tengan alguna comisión.

Rotulan autos oficiales 

Dijo que fueron rotulados algunos vehículos oficiales que no lo estaban, a fin de que sean plenamente identificados, en caso que se encuentren involucrados en algunas actividades de campaña o en medio de acciones de proselitismo.

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Abundó que de presentarse algún caso será turnado a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).

Dentro de las disposiciones que estableció el INE para evitar que las acciones de gobierno alteren la equidad en la contienda electoral, se encuentra que en las campañas no debe haber propaganda gubernamental en beneficio de gobierno o partido político alguno, pero tampoco pueden ser usadas como pretexto para la opacidad de las dependencias públicas.

Y en este renglón existe confusión por parte de los funcionarios municipales de Bacalar, que prefieren evitar emitir alguna declaración sobre la marcha de las áreas a su cargo, ya que aducen pleno respeto a esta veda electoral, a pesar que se trata de temas de interés social y no de promoción.

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se establece que los servidores públicos estén impedidos de hacer declaraciones sobre sus responsabilidades o atribuciones. Lo que no se puede hacer es difundir propaganda gubernamental, explicó la fuente.