Enrique Mena/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Fiscales anticorrupción de Quintana Roo detallaron ante un Juez de Control el daño al patrimonio del estado por dos mil 510 millones de pesos producto de la venta irregular de 18 predios, en busca de una nueva vinculación contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo por el delito de peculado.

Ayer se llevó a cabo la videoconferencia de formulación de la Carpeta de Investigación 159/2019 en el Tribunal de Justicia Oral de Chetumal, en que el Juez dio entrada a la imputación al ex mandatario de haber sido omiso por no impedir la comercialización de 18 bienes inmuebles que asciende a 853.4 hectáreas (ocho millones 534 mil metros cuadrados) del patrimonio estatal.

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Borge Angulo, retenido en el Ceferepsi de Morelos, escuchó las imputaciones a través de la pantalla de enlace.

Los fiscales detallaron que los predios vendidos en el periodo 2011-2016 se ubican en los municipios de Othón P. Blanco, Tulum, Benito Juárez, Solidaridad, Bacalar y la Isla de Cozumel, en zonas de alta plusvalía y que algunos fueron rematados a 1.5 pesos y 5.0 pesos el metro cuadrado.

Como medios de prueba, expusieron que de acuerdo con la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo, era Roberto Borge Angulo en su calidad de presidente del Consejo Directivo del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) que debía vigilar, conservar, administrar y cuidar los bienes, lo cual no hizo.

Los fiscales aseguraron que la indebida vigilancia del ex gobernador en su calidad de presidente del Consejo, ocasionó la enajenación irregular de los inmuebles a seis compradores, que lo posiciona como coautor por omisión de sus funciones o como garante del cuidado del patrimonio.

Resaltaron ante el Juez que en los 18 contratos de compraventa resalta la firma de la directora general del extinto IPAE, Claudia Romanillos Villanueva como la vendedora, es por ello que la coautoría recae porque de haber seguido sus funciones de vigilancia pudo haber impedido la irregularidad.

También solicitaron la vinculación a proceso, sin embargo, el ex gobernador solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas, por lo que será el 11 de diciembre que se reanude la audiencia en su etapa inicial.

La defensa particular solicitó a cuatro testigos, entre éstos tres agentes ministeriales y el actual director de la Agencia de Proyectos (Agepro), Eduardo Ortiz Jasso.