Para prevenir la violencia en su conjunto deben identificarse todas sus expresiones. Sólo así será posible encarar el problema con eficacia. La de carácter político, por ejemplo, no es nueva, aunque los intentos por prevenirla en Quintana Roo son recientes y merecen la atención, aun cuando no se le ha brindado la prioridad debida.

Desde noviembre, los diputados integrantes de la “Comisión de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad”, del Congreso local, presentaron una iniciativa de decreto por la cual reforman y adicionan disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Lo destacable, han argumentado sus promotores de distintos partidos, es la incorporación de novedosos conceptos, precisamente como el de “violencia política”, y otros como “violencia obstétrica”, “base de datos de niñas y mujeres desaparecidas” y “cultura preventiva”, con los cuales se podría abordar la temática más allá de prohibiciones y castigos.

Apenas hace algunas semanas, la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, propuso al Congreso una iniciativa para tipificar como delito la “violencia política”. En su momento explicó ampliamente las motivaciones, inclusive personales, que soportan el documento legal entregado en Oficialía de Partes y ya analizado en Comisiones.

El espíritu de las ideas al respecto es conocido: salvaguardar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos, así como sus prerrogativas inherentes, y reconocer que dicha violencia impacta en un espectro más amplio: desde el derecho de ejercer el voto hasta la actuación como militantes, aspirantes, candidatas o gobernantes ya en la escena pública.

Ambas propuestas -y otras que podrían sumarse en tal sentido- deben avanzar cuanto antes sin importar protagonismos, intereses y aparentes prioridades. No hay tiempo, pues según una encuesta de INEGI del 2015 (la más reciente disponible), se advierte que seis de cada 10 mujeres han padecido algún incidente de violencia por parte de su pareja u otra persona; 47 de cada 100 aseguran haber sido agredida por su actual o última pareja, o el 32% ha sufrido violencia sexual, como actos de intimidación, acoso o abuso.

Y en lo político, pese a terminologías más usadas como paridad, el Instituto de las Mujeres muestra que en ningún rubro tienen mayoría: en el gabinete presidencial, de 19 secretarías sólo tres eran ocupadas por mujeres (antes de la salida de Claudia Ruiz Massieu), sólo una es gobernadora y 320 alcaldesas en los 2 mil 641 ayuntamientos. La brecha es grande y, en cierta medida, vergonzosa.

En hora de parar la violencia cual sea su manifestación.